Justicia como negocio

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Más que sorpresa o asombro, da rabia y desconsuelo ver salir de la cárcel a los Nule y compañía, responsables del cartel de la contratación, sin haber cumplido las penas que les impusieron los jueces, ni devolver nada de los miles de millones que se robaron del erario.

Son muchas las noticas parecidas que producen la misma reacción: narcotraficantes confesos y convictos que después de unos pocos años en prisión salen a disfrutar sus fortunas mal habidas; directivos de Odebrecht exonerados de toda culpa a cambio de una leve multa, irrisoria en comparación con el tamaño de los multimillonarios contratos que lograron con coimas.

En ocasiones la situación es aún más paradójica, pues los delincuentes se convierten en víctimas y pretenden que el Estado les pague lo que no se pudieron ganar con sus corruptas maniobras. Los mismos Nule, reclamándole a Bogotá $24.000 millones por haberles quitado el contrato de la construcción de la calle 26; es Odebrecht demandando al Estado por los intereses de su inversión en la ruta del Sol y las utilidades esperadas en ese chanchullo.

¿Qué falla en la Justicia, que permite estas aberraciones? Las posibles respuestas: a) los jueces que dan los beneficios; b) los fiscales que no aportan todas las pruebas; c) el sistema acusatorio que permite acuerdos leoninos; d) las leyes que autorizaron los beneficios judiciales; e) todas las anteriores, añadiéndoles la complicidad de una sociedad permisiva que aplaude la cultura del dinero fácil.

Deben los penalistas analizar por qué se llegó a esta distorsión de la Justicia y proponer los correctivos. Para el ciudadano de la calle la Justicia se convirtió en un negocio donde la mano de la noble dama con los ojos vendados ya no sostiene la balanza para decidir, sino que extiende la mano para negociar sus fallos con delincuentes.

Es un excelente negocio robarse millones de pesos del erario, lograr una rebaja de la condena por reconocer el delito (“allanarse a los cargos”, en el argot penal), y luego reducirlas aún más por “buen comportamiento”, y no tener que devolver un peso, así que luego de pocos años en la cárcel, o mejor en detención domiciliaria, se sale a disfrutar de lo robado.

No se aboga por una Justicia de castigo o venganza, que esta tampoco sirve, como en el caso de los sicarios que pagaron su condena sin arrepentirse de uno solo de sus centenares de asesinatos, sin reparar a sus víctimas, y salen de la cárcel a ufanarse de su pasado. El objetivo debe ser demostrar que el crimen no paga, que no se pueden usufructuar las fortunas de la corrupción y que las víctimas deben ser reparadas.

La propuesta de un lego es simple: no dar ningún beneficio judicial a los corruptos hasta que no devuelvan la plata robada.

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Coletilla: Para evitar otro premio a los corruptos, la Corte Constitucional debe resolver pronto una demanda contra el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, el cual permitiría a contratistas como Odebrecht cobrar hasta intereses por lo invertido en contratos declarados nulos por corrupción.

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