Justicia premial

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Es un hecho que los temas relativos a la justicia, sobre todo la penal, llaman la atención de la comunidad, la cual emite opiniones casi siempre reclamando severidad en el castigo al trasgresor.

No dejan de brotar las protestas ante casos mediáticos en los cuales se aplican penas "pírricas" producto de acuerdos con la Fiscalía. La tradición jurídica colombiana se inclinó por el principio de legalidad en cuyo manto, es obligatorio el ejercicio de la acción penal sin la posibilidad de renunciar, interrumpir o suspenderla, situación que cambió desde la modificación constitucional de 2002, que incluyó la figura anglosajona del principio de oportunidad y el sistema de preacuerdos.

Estas instituciones representan la filosofía de una sociedad pragmática, en las que se realiza un análisis de costo y beneficio. El proceso penal no representa un fin en sí mismo y solo es viable cuando fracasan mecanismos más ágiles, efectivos y productivos, esto es considerado justicia premial, en la que se reciben prebendas a cambio de la colaboración efectiva o evitación del trámite procesal a través de la aceptación anticipada de cargos.

De nada vale tener las cárceles llenas de reos en condiciones indignas a costas del Estado, cuando los flagelos criminales siguen reinando. Allí está el detalle, si negociar con un delincuente representa la desarticulación de una banda peligrosa, ¿por qué no hacerlo? Si el trámite genera congestión y gastos superiores al daño causado con el delito, como en los casos de hurtos insignificantes (un caldo de gallina, un chocolate etc.) ¿para qué el proceso a costas del Estado?

Estamos ante figuras implantadas del esquema norteamericano. Por eso no logramos entenderlas y aceptarlas, reclamamos mano dura. Sin embargo, de la cultura en la que nacen los conceptos analizados también es la prisión perpetua y la pena de muerte, manifestaciones del máximo castigo que se pueda aplicar, incluso bajo la evidente transgresión de los derechos humanos.

Necesitamos un sistema práctico fruto de estudios serios de política criminal en la que se busquen soluciones de fondo, se descarte la venganza y se procure por evitar el sufrimiento social que produce el delito. Todo ello sin desprestigiar a la justicia o pervertir a las instituciones y es ahí donde se requiere la ponderación del caso concreto por parte de las autoridades judiciales.

La idea es que el proceso sea un factor que genere bienestar social dentro de un escenario de construcción de la verdad, para lograr la aplicación de la ley, y no una ola creciente de detrimento del capital humano y físico sin lograr el resultado esperado.

*Abogado

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