Columna


La actividad policial

MARÍA CAROLINA CÁRDENAS

19 de septiembre de 2020 12:00 AM

Colombia a pesar de ser un país en permanente crisis, se ha caracterizado por su actitud de esperanza frente a las instituciones, que desde el texto constitucional fueron creadas para materializa el proyecto de Estado Social de Derecho. Sin embargo, con ocasión a múltiples hechos reprochables en cuanto al ejercicio de la actividad de policía, se incrementan sentimientos de desconfianza, temor e incluso odio hacia quienes por tradición han sido la ‘encarnación’ de la ley en el territorio: la Policía Nacional. El Artículo 218 de la Constitución reza que la Policía es un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, constituyéndose este en un límite en sí mismo. Las acciones policiales son eminentemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, para mantener el orden público y la convivencia pacífica. “La competencia policial comporta el mandato ético de servir y respetar a los ciudadanos, porque el abuso de las competencias y funciones, o la intimidación gratuita y la exacerbación de la fuerza, son la negación de la propia razón de existencia de la institución policial”, C-600-19. Es vital comprender que las medidas dispuestas deben ser legales, necesarias, proporcionales y razonables. “Las medidas deben recaer sobre el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus derechos. Si no ocurre de esta manera estaríamos frente a un problema de desviación de poder e incluso el delito de abuso de autoridad”, C-024-94. Debemos también ser conscientes del papel importante que ha desarrollado históricamente la Policía Nacional en la consolidación de la democracia, el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos, la garantía de seguridad y su incansable lucha para la preservación de la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Urge una revisión profunda a la estructura institucional, cuyos miembros deben tener las mejores calidades personales y profesionales, así como las condiciones necesarias que les permita trabajar con arraigada conciencia de que, su conducta debe responder a las más altas y profundas aspiraciones constitucionales. Para recuperar confianza y legitimidad deben cuanto antes determinar y reconocer responsabilidades, sancionar con rigor a quién corresponde y desplegar una verdadera política de cero tolerancia al ejercicio arbitrario del poder a ellos especialmente encomendado. Y no menos importante, la ciudadanía en general renueve su compromiso y deber de cooperación con las autoridades para lograr el respeto eficaz de los derechos de todos.

*Abogada especializada en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.

TEMAS