¿Qué más se puede decir después de la tragedia que se llevó la vida de veinte obreros en el barrio Blas de Lezo? Aquí ha opinado todo el mundo, el que es ingeniero y el que no lo es, amigos del alcalde, opositores, contratistas de la alcaldía que quieren asegurar su puesto, hasta el gobernador de Bolívar también resultó vistiéndose con un chaleco amarillo y posando en el lugar de la tragedia para la foto. Pero algo que no deja duda, por encima de cualquier opinión, es que este hecho refleja la corrupción y la desidia administrativa en Cartagena de Indias, lo cual no se le puede endilgar exclusivamente al gobierno actual.
El alcalde mayor de Cartagena (del cual destaco su constante presencia y toda su atención en el lugar de la tragedia) arremetió contra los constructores dueños de ese proyecto inmobiliario, que estaba llevándose a cabo con licencias falsas, pero ¿qué nos puede decir la alcaldía local, Control Urbano y la Secretaría de Planeación Distrital? ¿No son ellos los encargados de hacer seguimiento, control y vigilar las edificaciones que se construyen en la ciudad, así como hacer respetar lo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial? Sorprende que, a la fecha, aún no se conoce ni respuestas, ni la primera renuncia de algún funcionario.
Pude leer en las redes sociales las opiniones de algunos ciudadanos manifestando que en sus barrios también hay construcciones sospechosas, otros afirmaron que han interpuesto quejas ante las autoridades competentes, pero no son escuchados. ¿Qué está pasando? También se ha revelado que hay –por lo menos- dos edificios habitados, los cuales fueron desarrollados por el mismo constructor del edificio desplomado en Blas de Lezo, y que estos igualmente se levantaron sin tener las licencias de construcción. ¿Cuántos edificios más tendrá la ciudad en esas condiciones? La Procuraduría ya entró a investigar, ojalá llegue al fondo de todo esto y sancione a todo aquel funcionario que -por acción u omisión- permitió que se levantaran edificaciones sin el lleno de los requisitos legales. Hoy la ciudad se lamenta por la muerte de veinte obreros, que trabajaban en condiciones indignas e inseguras para llevar algo de comida a sus hogares, pero no hay que perder de vista que estamos ante el inminente riesgo de que esta tragedia se repita, tanto en edificios en etapa de construcción, como en aquellos que ya están siendo habitados.
¿Recuerdan que en una columna anterior escribí sobre “las dos Cartagenas”? Pues bien, aquí tenemos otro caso, en donde la administración (ayer y hoy), ha divido a la ciudad y podemos ver que, por un lado, es indiferente ante constructores que trabajan desde la ilegalidad, y por otro lado, obstaculiza a constructores serios, que desarrollan sus proyectos cumpliendo cabalmente las normas y los máximos estándares de calidad. Así es muy difícil.
La corrupción está matando y al mismo tiempo hace más lento el desarrollo de Cartagena de Indias. Suscribo las palabras de la gerente de CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción) en Bolívar, cuando hace un llamado para fortalecer la formalidad de la construcción y convoca a la comunidad para que se convierta en veedora de las construcciones que se adelantan en sus barrios. Aquí todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad.
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