Columna


La decisión de las marinas

ERICA LUCÍA MARTÍNEZ NÁJERA

12 de marzo de 2017 12:00 AM

El 16 de enero de este año, la DIMAR decidió dar una concesión para construir una marina sobre la bahía de Cartagena, en el sector de Castillogrande.

La sorpresa fue mayúscula, en especial para la administración local, pues la Secretaría de Planeación en el año 2016, había enviado un oficio a la DIMAR, manifestando que el proyecto era inconveniente por estar en una zona residencial que no permite construir marinas de acuerdo al POT.

Quien tomó la decisión, después de hacer “reparos jurídicos” al planteamiento de la Alcaldía, dice en el cuerpo de la resolución que otorgó la concesión, que “no es procedente la aplicación de normas de ordenamiento territorial terrestre a un área totalmente marítima”, por lo que la DIMAR es la única competente para definir la autorización de una marina. Además, desecha la interpretación que del POT hace la Secretaría de Planeación, y concluye que una marina en ese lugar no viola ni se opone a este.

Tal situación nos lleva a hacer una obligada reflexión respecto de quiénes y cómo deciden sobre la ejecución de proyectos sobre el área marítima de Cartagena
Sin duda, la ley otorgó a la DIMAR, la competencia para autorizar las concesiones en bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. No obstante, esa competencia no es omnímoda; tiene limitantes, como por ejemplo, que el alcalde del municipio en el cual se piensa otorgar la concesión certifique que el terreno donde se construirá no está destinado a ningún servicio oficial, y que la construcción no ofrece “ningún inconveniente” para el mismo, entre otras.

Así las cosas, el alcalde de la ciudad es quien tiene la posibilidad de decidir si la construcción de una marina conviene o no a Cartagena, y las motivaciones sobre la conveniencia o inconveniencia pueden ser desde seguridad hasta no estar de acuerdo con la planeación de su territorio. La ley le da esa liberalidad. Con esto, es inadmisible que un Director General Marítimo se tome la atribución de interpretar, modificar u oponerse a esa decisión, porque la ley no le ha dado tal facultad.
Ahora se anunció desde la DIMAR un macroproyecto para la bahía interior de Cartagena, liderado por el presidente de la República, en el que se definirán dónde podrá haber marinas, que esperemos atienda la visión que del territorio construyan los cartageneros, y que no desconozca éste o el nuevo POT. 

Urge, para dar un mensaje de certidumbre jurídica a los inversionistas de cualquier sector, definir este asunto de una vez por todas, pues también es inadmisible que a un particular, cualquiera que sea, y cualquiera sea su intención, se vea sometido a decisiones contradictorias de una o varias entidades del Estado, por cuenta de que aún tenemos un POT que cada quien interpreta como mejor le convenga.

ericaluciamn@gmail.com

 

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