Columna


El desafío de la Escuela Taller con los arriendos de bóvedas y baluartes

TATIANA VELASQUEZ

04 de julio de 2022 12:00 AM

Uno de los desafíos que tiene la Escuela Taller Cartagena de Indias, como administradora del sistema de fortificaciones de esta capital, es actualizar los cánones de arriendo por el uso permanente de baluartes y bóvedas, en los que funcionan las oficinas del Festival Internacional de Cine, restaurantes, bares, joyerías y establecimientos de artesanías.

Esa entidad, sin embargo, por ahora no puede reajustar los valores ni cambiar las condiciones de los contratos, hasta tanto no finalicen los procesos judiciales que inició para saber cuánto debería cobrar por esos inmuebles patrimoniales, a los que al año les factura $841’199.877 en arriendo.

La Escuela Taller heredó esos contratos de la Sociedad de Mejoras Públicas –entidad que hasta 2012 administró las fortificaciones– y comenzó litigios ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, entre 2015 y 2016, porque algunos arrendatarios incumplieron los acuerdos: un grupo no paga las pólizas de seguro, mientras otros han intervenido los inmuebles sin autorización.

Las demandas también buscan revisar los reajustes anuales de esos arriendos, con cifras pactadas hace años. Algunos de los procesos están en su fase inicial y otros a la espera de fallo de segunda instancia.

En el caso de Las Bóvedas, hay más irregularidades. Por ejemplo, en varias de ellas la explotación está en manos de personas distintas a quienes firmaron los contratos, porque hubo acuerdos entre privados o sucesiones familiares, saltándose al administrador, inicialmente a la Sociedad de Mejoras Públicas y, ahora, a la Escuela Taller.

En varias bóvedas, además, hay evidente sobreexplotación porque funciona más de un negocio por espacio, pero el Distrito solo cobra un arriendo (bajo) por cada uno de ellos.

Por el uso de Las Bóvedas, la Escuela Taller de Cartagena cobra $422’292.645 anuales, cifra que no necesariamente se ve reflejada en sus cuentas bancarias por los litigios en curso y porque algunos de los arrendatarios murieron.

A la par de esos procesos judiciales, la Escuela Taller inició avalúos comerciales de las fortificaciones con la empresa bogotana Avales Ingeniería Inmobiliaria SAS. Con ese privado firmó un contrato interadministrativo por $96’433.467, en marzo.

Ese proceso, que no es fácil porque un baluarte no puede avaluarse con los mismos criterios de un establecimiento comercial ubicado en cualquier otro sector de la ciudad, ya arrojó unas primeras pistas, en poder de la Escuela Taller.

Todas esas irregularidades no solo muestran que la vigilancia patrimonial falló, sino que a Cartagena le tomará tiempo cobrar nuevos cánones y actualizar las condiciones de arriendo de sus baluartes y bóvedas.

*Consulte el especial completo ‘Cartagena no tiene control total ni organizado sobre su patrimonio’. (https://lacontratopediacaribe.com/cartagena-no-tiene-control-total-ni-organizado-sobre-su-patrimonio/)

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.

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