La ética del lenguaje

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Hace dos milenios y medio, Tucídides, el gran historiador de Las Guerras del Peloponeso, contaba cómo, tras una guerra civil que duró treinta años, hasta las palabras perdieron su significado ordinario.

La especulación imprudente pasó a llamarse “honestidad refrescante”. A quien se atrevía a hablar con cautela, o a controvertir las falsas verdades que difundían los distintos bandos, se le decía “sospechoso”. A la violencia frenética se le llamó “heroísmo viril”. Y la conspiración engañosa pasó a denominarse una “defensa justificada” en el juego de la política.

Hoy en Colombia, tras más de cincuenta años de conflicto civil, pasa lo mismo.

Hay para quienes la justicia transicional, que busca encauzar un tránsito fluido hacia la paz, privilegiando la verdad, la reparación a las víctimas, la restauración de las comunidades y la no repetición, por encima del encarcelamiento de los victimarios, significa impunidad.

Hay para quienes el conflicto armado, y la tragedia de millones de víctimas de asesinatos, masacres, violaciones, desplazamientos, despojos, secuestros, minas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y reclutamiento forzado, debe entenderse como un ataque terrorista contra la sociedad y la consecuente respuesta legítima del Estado.

Hay para quienes la imposición de megaproyectos y grandes industrias, por encima de las voces y las visiones propias de comunidades a las que histórica y estructuralmente se les ha bloqueado el derecho a ejercer una ciudadanía efectiva, se denomina desarrollo.

Hay para quienes la educación puede llamarse, engañosamente, adoctrinamiento.

Hemos perdido los significados de las palabras; hay que encontrarlos, reconstruirlos, concertarlos. Para lograr una reconciliación constructiva entre las diversas visiones políticas, económicas y culturales que enriquecen nuestra sociedad, debemos propiciar y sostener, con valentía y honestidad, conversaciones difíciles pero necesarias que nos permitan superar, mediante la deliberación entre ciudadanos, la polarización en la que nos quieren sumir los demagogos.

Pero eso solo será posible si defendemos el uso digno, ético, del lenguaje. Como bien lo expresó recientemente Patricia Linares, presidenta de la JEP, en una carta dirigida al senador Álvaro Uribe, debemos asumir y exigir el compromiso “de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión”.

Cultivemos las normas y las competencias comunicativas; pongamos la ética del discurso en el corazón de la razón pública.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.

*Coordinador del Grupo Regional de Memoria Histórica, UTB

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