La inocentada de acuarela

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La compleja situación del edificio Acuarela podría interpretarse como  una “pintura” de la realidad cartagenera, de su corrupción, de sus mezquindades, de sus endebles estructuras para edificar un futuro sólido y confiable, inclusive como una “acuarela de su inocencia”. Tal vez por ello, el 28 de diciembre de 2015, fue el escogido por el Curador Urbano, Ronald Llamas, para  otorgar su licencia de construcción.

El complejo habitacional de 5 edificios con 30 pisos cada uno, se tramitó sin mayores obstáculos, se hizo venta pública total, comenzaron las obras ante la vista de todos, y cuando ya la mole surca las alturas, se amenaza con demolerla, porque “afecta la visual del Castillo San Felipe”.

Todos los protagonistas de este nuevo escándalo  se atrincheran en sus “verdades”: el IPCC en haber advertido la “latente afectación que podría existir en el paisaje urbano”, pero certificó que el área de construcción no era de influencia del Castillo, el Curador Urbano dice que “no existían impedimentos legales para negarla”; Planeación Distrital se ampara en un silencio discrecional; el Ministerio de Cultura endilga todas las responsabilidades al Distrito y los inversionistas se muestran confiados en que ganarán con cara o con sello.

Los únicos que padecen la incertidumbre son los compradores de apartamentos, cuyo sueño de tener  techo propio en un lugar privilegiado, se les convierte en pesadilla, repitiéndose  parcialmente la historia de los residente del edificio Portal de Blas de Lezo 1, quienes compraron en Ley una esperanza que se derrumba por  la tolerancia oficial con la ilegalidad.

La  ausencia de normas específicas o los vacíos legales, serían la gran fortaleza de inversionistas para emprender desde la legalidad o la ilegalidad, proyectos en los que prevalece la ambición de lucro, por encima de los intereses de la ciudad. Pero contrario a esa premisa, algunos entendidos  sostienen que tales “vacíos” son estrategias de  constructores y funcionarios, para escudar acciones dolosas. En el caso del edificio Acuarela, me explicó una fuente confiable, había razones suficientes para que  la Curaduría no  otorgara  licencia de construcción, o para que Planeación Distrital la objetara, entre ellas porque el POT establece 4 zonas para construcción de viviendas de interés social, de las cuales no hace parte el sector donde se construyen los polémicos edificios.

Es evidente que en este caso no hay simples malos entendidos, o errores procedimentales, sino acciones predeterminadas de actores públicos y privados para quienes las normas no representan obstáculos en la conquista de sus propios intereses y mucho menos cuando estas son difusas.

El anuncio tardío del director de Patrimonio del Mincultura de “demoler” el edificio Acuarela, no exonera a esa cartera de su responsabilidad por no haber actuado de manera efectiva y oportuna. De llegar a cumplirse tal acción, corresponderá a las autoridades nacionales y locales garantizar los correspondientes pagos de indemnizaciones a quienes resulten perjudicados,  especialmente a los centenares de compradores, a quienes les habrían hecho la más infame “inocentada”, en forma de Acuarela.

*Asesor en comunicaciones.

germandaniloh@gmail.com

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