La Ley 1949

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En el mes de enero de 2019, el presidente Ivan Duque firmó la Ley 1949, la cual le da a la Superintendencia Nacional de Salud más fuerza para ejercer su misión de controlar el Sistema de Salud Colombiano.

La Ley le da a la Supersalud nuevas facultades para realizar la inspección, vigilancia y control de todos los actores del sistema, y además aumenta las multas hasta la cifra de 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fortalece la capacidad institucional de la Supersalud en materia de otro tipo de sanciones y redefine algunas de las competencias de la entidad, dándole mayores herramientas para ejercer sus funciones de vigilancia y control.

Dentro de estas competencias, el ente de control podrá imponer sanciones a los representantes legales de las entidades públicas y privadas, directores, secretarios de salud o quienes hagan sus veces, jefes de presupuesto, revisores fiscales, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos del sector salud en las entidades territoriales; así mismo a funcionarios y empleados del sector público y a particulares que cumplan funciones públicas de forma permanente o transitoria.

También se mantiene la facultad de la Superintendencia para revocar total o parcialmente la autorización de funcionamiento de una entidad vigilada, la suspensión del certificado de autorización y el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios.

Los representantes legales y revisores fiscales podrán ser removidos de sus cargos por la Superintendencia cuando hayan ejecutado, autorizado o tolerado con dolo o culpa grave conductas que violan el régimen del Sistema de Salud. Estas personas podrán ser inhabilitadas hasta por 15 años, para ejercer cargos en el sistema de salud privado y público.

Basada en estas nuevas facultades, la Supersalud le acaba de imponer a Medimás EPS una sanción que asciende a los 5.800 millones de pesos, derivados, por una parte, del incumplimiento en la entrega de medicación para 70 pacientes trasplantados y, por otra, por el incumplimiento en la respuesta a las solicitudes realizadas por el ente de control sobre la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo en el departamento de Cundinamarca.

Esta dura sanción se suma a otras impuestas por la Supersalud y que tienen relación con el cierre de operaciones de Comfacor EPS, con la salida de algunas EPS como Comparta del departamento de Bolívar, de Coomeva de los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca, de Ambuq de los departamentos de Valle del Cauca, Magdalena y Córdoba, y de la misma Medimás de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar.

Estas medidas son necesarias si se tiene en cuenta que en muchos de estos departamentos los afiliados a estas EPS tenían dificultades para acceder a los servicios de salud de manera oportuna y adecuada.

Por otro lado, y no menos importante, está la responsabilidad derivada de las obligaciones incumplidas por parte de estas EPS para con el sistema de salud, que tiene que ver con los atrasos en los pagos a su red de prestadores, con el incumplimiento en los giros obligatorios y con toda la crisis generada por la falta de flujo de recursos hacia los hospitales y clínicas del país.

Preocupa ahora que, una vez cerradas o sancionadas, las EPS sigan incumpliendo o que los recursos utilizados para pagar las sanciones sean los que deberían ser destinados a la prestación del servicio o al pago de las obligaciones vigentes con los prestadores. Esta es una situación que se ha visto anteriormente y cuyo ejemplo clásico ha sido Saludcoop EPS, la cual después de varios años de ser intervenida no ha hecho frente a las obligaciones suscritas con muchos de sus acreedores.

Las sanciones interpuestas tienen que tener una consecuencia positiva para el sistema, no pueden quedar en la mera transacción económica de: incumplir y pagar entonces el incumplimiento; entre otras cosas, porque los recursos con que cuentan las EPS son de la salud y pertenecen al sistema, su destino debe ser la salud de los colombianos y no el pago de multas.

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