La Ley de Financiamiento

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Ayer, los colombianos creyeron haberse despertado con una buena noticia. Esa ley de financiamiento que “pensaba” recaudar más de 7 billones de pesos faltantes en el presupuesto de la nación, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Esta criticada ley, incluyó cambios importantes como el régimen simple de tributación, el IVA a las gaseosas y cervezas, beneficios tributarios para la economía naranja y la inversión en agroindustria.

Dejando el sensacionalismo de lado, ¿qué fue lo que sucedió? La Corte Constitucional acogió la postura del magistrado Alejandro Linares Cantillo, respecto a que se había violado el principio de publicidad y en consecuencia de legalidad en el trámite legislativo, bajo el argumento que, sin representación, no pueden crearse impuestos -no taxation without representation/nullum tributum sine legem-.

Este aforismo y principio del derecho tributario en palabras básicas significa que si el organismo de representación popular, -Congreso- no determina los elementos estructurales del tributo, se rebasa el principio de legalidad y en consecuencia se genera el debilitamiento de la seguridad jurídica, puesto que el acto que impone la contribución no se estableció con base en una discusión democrática (ese que busca evitar abusos impositivos de los gobernantes).

Ahora bien, ¿qué significa la inexequibilidad con efectos diferidos hasta el enero de 2020? Que la ley declarada inconstitucional aún está vigente a pesar de ser contraria a la Constitución, esto en busca de evitar que se afecten situaciones jurídicas consolidadas bajo la misma, para mantener la seguridad fiscal, especialmente la de empresas que hicieron su inversión en términos de los beneficios tributarios que recibían.

Contrario a lo anteriormente expuesto, el objetivo de muchos colombianos no era atacar simplemente el trámite adjetivo de la norma, sino, su fondo, es decir, ese en que el gobierno permitía la exención de más de 9 billones de pesos a los empresarios y pretendía el recaudo de 7 billones del bolsillo de los ciudadanos.

Si me preguntan si fue tan grave para el gobierno la decisión de la Corte Constitucional, les respondería que no.

El gobierno de Iván Duque, seguramente pasará la misma ley de financiamiento, la única diferencia es que el trámite no será tan olímpico y expedito como cuando esta ley fue promulgada.

*Abogada

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