Columna


La magistrada de las Farc

RAFAEL NIETO LOAIZA

04 de junio de 2017 12:00 AM

La democracia no consiste en realizar elecciones. Por supuesto, no hay democracia sin elecciones.  Pero estas deben ser periódicas, con sufragio universal y voto secreto, competidas, limpias y transparentes, y con posibilidad real de alternancia en el poder. Las “elecciones” de Cuba, Nicaragua o Venezuela, por ejemplo, no son democráticas.

Sin embargo, no basta con hacer elecciones democráticas para que haya democracia.
La democracia, la democracia de verdad, la democracia republicana, no las seudodemocracias populistas y socialistas, exige estado de derecho, que imperen la Constitución y la ley y no la voluntad del gobernante, que los funcionarios solo puedan hacer aquello para lo que están previamente autorizados por la ley. El límite al poder del funcionario público, la regulación de su conducta, es indispensable en un estado de derecho y cuida al individuo de los abusos de quienes ejercen la función pública.

En esa misma lógica de proteger a la sociedad del abuso del poder, de limitar la discrecionalidad del funcionario, de defender la órbita de libertad de los individuos de interferencias indebidas del Estado, en una democracia republicana, la única democracia verdadera, es indispensable que el poder se especialice y se disperse en distintas ramas, de manera que el poder no se acaparado por quien gobierna.

Esas ramas del poder público, a su vez, deben ejercer control las unas sobre las otras, en un sistema de frenos y contrapesos que es indispensable para la supervivencia del régimen democrático. 

Por eso los ataques a la independencia y autonomía de los congresistas y de los jueces son tan peligrosos para la vida democrática. Por eso denunciamos con vehemencia que era inaceptable la castración del Congreso que hicieran las Farc y el Gobierno santista en el acuerdo que firmaron.

Por eso señalamos que el hecho de que los parlamentarios de la coalición santista (la suma de la “unidad nacional” y la izquierda) aceptaran su emasculación era tan sorprendente como triste.  

Pero en Colombia hay congresistas que no tienen vergüenza. En efecto, después de que la renovada Corte Constitucional decidiera devolverle parte de sus competencias al Congreso, los santistas decidieron vulnerar la Constitución de nuevo y votar, otra vez, sin discusión y en bloque, los proyectos de ley que les presente el Gobierno previo visto bueno de las Farc. A este perro sí lo capan dos veces.
Para rematar, un congresista infame amenazó a sus colegas con que las Farc se devolverían al monte si no se elegía como magistrada a Diana Fajardo. Y el Presidente llamó uno a uno a los parlamentarios para convencerlos de que lo hicieran.
Y sí, así ocurrió: ahora tenemos magistrada de las Farc.

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