Columna


La movilidad

MIGUEL YANCES PEÑA

26 de abril de 2021 09:47 PM

A raíz de los problemas que se están presentando en Transcaribe, y las explicaciones que se dan, se alcanza a ver que está muy desagregado el sistema que hace posible el servicio, con el agravante de que cada una de las partes tiene la capacidad de paralizarlo. Uno, el propietario del software de recaudo, que ‘podría’ ser un Banco; dos, el responsable del recaudo, que ‘debería’ ser un Banco; y tres, la empresa transportadora de valores, que ‘no se necesitaría si fuera un Banco’ y se habilitara la recarga virtual; o se pudiera hacer desde cualquier corresponsal bancario. Entonces ¿por qué no seleccionaron uno?

Que hubieran sido escogidos mediante licitación pública, en unión temporal los dos primeros, no garantiza la mejor opción desde el punto de vista costo beneficio: el respaldo financiero nunca podría equiparar al de un Banco, como se está viendo.

Hay tres actores más: el administrador, Transcaribe S.A., una empresa controlada por el Distrito, que opera y mantiene la infraestructura (vías, estaciones y el centro de control); las dos empresas de transporte, y la fiduciaria.

El asunto finalmente es de dinero. El sistema viene operando a pérdida porque la tarifa técnica, a decir de los dolientes, y entendiéndola como el costo de la operación (y del pago de la deuda, agrego yo), más utilidades, dividido por el número de pasajeros movilizados, es superior que la autorizada por el Distrito. Por lo tanto este debería verificarlo, y de ser cierto, aumentar la tarifa, garantizar un mayor volumen de pasajeros, o subsidiarlos; pero lo que ha sucedido es que el número de pasajeros se ha reducido por las restricciones que ha impuesto el gobierno a la movilidad, y las arcas del Distrito se han reducido por defecto. Atemorizados como estaban, más los dirigentes que los ciudadanos, no alcanzaron a prever las consecuencias.

Es una situación muy compleja, porque la empresa de recaudo se niega a cargar las tarjeta, constituyéndose claramente en un abuso de la posición dominante, ya que los transportadores no van a trabajar gratis, ni el municipio les va a pagar la operación.

El resultado es que la ciudad se va a paralizar porque, otros medios de transporte, incluyendo el informal, no son suficientes para movilizar toda la gente que lo requiere, ni su costo equiparable al que pagan en Transcaribe.

El contrato debe haber previsto esta situación de tan alta probabilidad de ocurrencia (abuso de una posición dominante que se otorgó), y las pólizas deben estar al día si ha habido una buena práctica del concesionario y de la auditoría. Por lo tanto, de no llegarse a un acuerdo entre el concesionario y la Alcaldía, no debería descartarse, para resolver este asunto, la intervención por parte de la Superintendencia del caso, porque de lo contrario, la gente al verse impedida terminará asumiendo posiciones de fuerza.

*Ing. Electrónico, MBA.

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