Leí el Informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, para constatar su falta de sentido de realidad. Apenas si alude a que los asesinatos de defensores de DD. HH., que adjudica a “presencia insuficiente del Estado”, ocurren en municipios con “enclaves de producción de coca”, identificados por su oficina contra la Droga y el Delito. La ONU “descubre” la causa de la violencia, pero no hace recomendaciones contra el narcotráfico. También “descubre” los municipios cocaleros, que Colombia ya conoce porque en ellos pone los muertos del narcotráfico, desde que Santos, exigido por las Farc, Maduro y Correa, dejó infestar el país de coca. Indignante la distinción entre grupos “criminales” y “armados no estatales”, donde meten a disidencias y elenos, que para la ONU ¡no son criminales!, sino armados para una revolución justificable; concepción que explica la presión para dialogar con los narcoterroristas que, además de su alianza con Maduro y su plan pistola, asesinaron a 22 jóvenes, sin ser “criminales”. Exhorta a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo, como si el Gobierno no lo estuviera haciendo, aun en medio de la pandemia. Insta al Estado a mayor presencia para contener la violencia y el control territorial por los armados no estatales y los criminales; pero no lo “insta” a perseguir al narcotráfico. Urge a la Comisión de Garantías de Seguridad por una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, como si el Gobierno no la tuviera y no tuviéramos Fiscalía. Urge a los “armados no estatales” a respetar el DIH, pero no “insta” al Estado a desmantelarlos, sino que legitima su violencia y “valora positivamente la negociación”.
Llama al Estado a responder a las manifestaciones pacíficas con estándares internacionales, olvidando que no son “pacíficas”, sino infiltradas por vándalos pagados por oscuros intereses políticos.
Insiste en garantizar a indígenas y afrodescendientes autonomía y derecho al territorio, pero no menciona sus inmensas extensiones y no los “insta” a dejar la violencia contra propietarios legítimos y fuerza pública.
Urge al Estado a preservar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero no a las Farc a decir la verdad, devolver y reparar.
Insta al Ministerio de Defensa a castigar la violencia sexual en sus filas, pero calla frente a las aberraciones impunes de las Farc.
Urge, insta, quiere cogobernar, mientras pasa costosa factura. Pero Colombia es un país digno y soberano. Por ello, respetuosamente, “insto” al Gobierno a “pararle el macho” a esa organización miope.
Para terminar, la ONU “invita” al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.
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