Las dudas por el Aquarela

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Son varias las preguntas que aún no tienen respuestas claras desde que se destapó la polémica por la construcción del Aquarela. Recientemente se conocieron apartes del informe técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en relación con los estudios estructurales de sismorresistencia practicados al proyecto, que se fundamentaron en responder, primero: ¿Los diseños que hacen parte de la Licencia de Construcción de la Torre 1 cumplen con la Norma NSR-10? Segundo: ¿La orden de restitución de espacio público afecta la estructura? ¿De qué manera?

El resultado de ese estudio es concreto en sus conclusiones, pero me deja con más dudas cuando dice de manera casi que tajante que por el incumplimiento de normas técnicas, como la NSR-10, incluyendo contrafuegos y otras, la primera torre en construcción debe ser demolida. Incluso, por la restitución de espacio público también se llega a la misma conclusión; entonces me pregunto: ¿Qué pasó con la ingeniería cuando se habla que a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir con la NSR-10? ¿Cómo se aprobó en la Curaduría un proyecto que presuntamente no cumple con las normas técnicas? ¿Por qué ninguna autoridad del Distrito responsable de verificar o vigilar las obras detectó oportunamente que el Aquarela no cumplía con las normas legales de aislamiento, algo tan visible al ojo humano? ¿Qué pasará en materia normativa con el uso del suelo donde se desarrolla el proyecto, si demuele la primera torre? ¿No le asiste también alguna responsabilidad al Distrito? Y así habrá muchos más interrogantes.

Sin embargo, por ahora toca esperar a que también los responsables del proyecto, después de conocer oficialmente el informe de la SIC, presenten sus descargos, aunque ya de antemano hicieron observaciones al estudio de la SIC, pues según ellos, no tomaron en cuenta estudios de suelos complementarios, que fueron determinantes para establecer el tipo de suelo con que se diseñó y se está construyendo el proyecto, desvirtuando así las conclusiones del informe de la SIC. Esto significa que todavía no se vislumbra en el corto plazo una decisión final, a pesar de que hay un fallo judicial que obliga de manera inmediata a los constructores a restituir el espacio público; si ello no era posible, la misma Alcaldía debía hacerlo, y si el resto de la obra quedaba con riesgos, debía demolerse en su totalidad.

De hecho, esto último debería ser el motivo para que se procediera a tomar una decisión inicial por parte de la Alcaldía.

En fin, este problema seguramente continuará por largo tiempo, causándole un gran daño a los compradores y a la ciudad, como muchos otros proyectos irregulares que tiene Cartagena y que de una u otra manera se dilatan antes de tomar decisiones contundentes.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter:@javieramoz

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