El próximo 29 de octubre los colombianos acudirán a las urnas para elegir a 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles para el periodo constitucional comprendido entre 2024 y 2027. Son 20.509 cargos en todo el país. Aterrizando la cuestión en Bolívar, en el departamento hay actualmente hay 5.382 aspirantes y en Cartagena son 678. Una multitud.
Pero la democracia pervive de la mano de la pluralidad y de que a nadie se le cierre la puerta bajo parámetros ideológicos, políticos y económicos; sin embargo, hay muchos ciudadanos que esta apertura no la gozan como un derecho, sino como cogerle el brazo a una institucionalidad que les brinda la mano.
Denunciar el tráfico o el trasteo del voto, el abstencionismo o la apatía relevante por la política que hay en nuestra sociedad se me hace redundante, es decir que el agua moja; no obstante, nunca deberá amilanarse el interés por combatir a los elementos que minan a la democracia. Por eso en esta ocasión apunto a aquellas personas que antes de proyectar una victoria en las urnas, alistan un morral cargado con un paracaídas.
Su práctica es siempre respetar la tradición, en cada oportunidad de lanzarse a algo, de poner su nombre bajo circulación, hacer cierta algarabía, tener presencia en redes sociales, prometer en entrevistas que llegarán hasta el final, ilusionar a incautos, para luego renunciar y vincularse a candidatos con verdaderas opciones de ganar. Así buscan asegurar la mermelada con la que comerán en los siguientes años para luego volver a sacar el paracaídas del cuarto de San Alejo en una próxima ocasión.
Siempre están ahí. La ciudadanía los conoce y sentimientos de descaro, vergüenza o respeto para con la democracia no residen en sus personas. Siempre vienen con cada fiesta electoral como llegan las lluvias en las fiestas de noviembre.
La Misión de Observación Electoral y Transparencia por Colombia indica sobre ellos, como pautas para perfilarlos de forma técnica, que nunca respetan topes de ingresos ni de gastos, ni reportan sus cuentas. Además, suelen hacer uso de las plataformas legales de los partidos políticos como un trampolín, quitándole espacios a aquellos que sí quieren llegar, que sí quieren ganar y que sí quieren hacer algo para construir una mejor sociedad.
Si antes definí como una multitud a la baraja de candidaturas en la ciudad, se hubiese quedado pequeña si estos paracaidistas no se hubiesen ido retirando con el pasar de las semanas. Cabe recordar que en marzo había cerca de 50 candidatos a la Alcaldía de Cartagena y en cada esquina de la ciudad había un interesado en llegar al Concejo “para refrescarlo”.
Se diferencian de los líderes o mochileros que trafican con el voto en los barrios, los conocidos “puya ojos”, debido a que estos personajes, en cambio, sí sonríen frente a las cámaras y les hacen perder el tiempo a los periodistas. Ya antes me referí a cómo afectan a los simpatizantes que intentan convencer estos “avivatos”, como se les conoce en el argot popular a los paracaidistas.
El pasado 8 de septiembre se venció el plazo para que los candidatos que se inscribieron hasta el 29 de julio, fecha límite para que aparecieran en el tarjetón, renunciaran y así evitar encontrarse de frente con los votantes el domingo 29 de octubre. Obviamente muchos lo hicieron y aunque sería arbitrario afirmar que todos los que desistieron son avivatos, sí más de uno logró arrendarse.
No obstante, debo reconocer que me sorprendió la lógica con respecto a estas prácticas que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que establece: “En la democracia no se gasta, se invierte”. Esto con relación a una pregunta realizada en el Foro Perspectivas Territoriales de las Elecciones Bolívar 20223, realizado por El Universal hace unos días.
A los delegados de la institución electoral allí presentes les consultaron sobre qué pensaban sobre esta tradición de algunos personajes en lanzarse siempre a algún cargo, sin ningún tipo de esperanza o caudal político, social o financiero que les asegure la victoria, para luego adherirse a alguna campaña fuerte a cambio de algún rédito. Pero para la Registraduría más allá de representar esto un gasto del erario en la logística que estos nombres demandan mientras mantienen sus campañas, son ciudadanos ejerciendo sus derechos políticos. Es loable y respetable la tesis de la entidad que dirige Alexander Vega, un organismo técnico y no político.
Pero como la política es asignatura ciudadana y es en los votantes donde reside el poder para castigar estos comportamientos, invito a fortalecer la memoria histórica y electoral para que cada vez haya menos incautos que alimenten los intereses egoístas de estos avivatos.
Ellos no abandonarán esta práctica, no tirarán la toalla y el paracaídas lo resguardarán bajo los escritorios de los despachos prometidos; por ende, queda en nosotros si seguimos pavimentando la pista desde donde despega el avión que los lleva al cielo.
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