Columna


Macro criminalidad

GABRIEL RODRÍGUEZ OSORIO

23 de agosto de 2021 12:00 AM

A quién se le ocurre que 300.000 hectáreas de coca y 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína le hacen bien a una nación, y mucho menos que esa actividad este protegida mediante un acuerdo que la convierte en casi legal y en políticamente viable.

Toda la actividad generada por las ganancias del narcotráfico es lo que produce la macrocriminalidad que vive Colombia y que se convierte en una transnacional del crimen, del cual se desprende todo un organigrama delictivo que incluye múltiples delitos: desapariciones forzadas, lavado de activos, homicidios, secuestro, terrorismo, sabotaje, espionaje industrial, competencia desleal, compra de conciencia, compra de votos, políticos corruptos, hackers, servidores públicos colocados en su nómina, extorsiones, microtráfico, tráfico de hidrocarburos, discriminación racial, minería ilegal, trata de personas, abigeato, todos en alianza con políticos poderosos, y lo que se conoce en el mundo del crimen como Criminalidad Oculta o Cifra Dorada, que son las conductas y delitos cometidos por quienes cuentan con un estatus privilegiado en el ámbito socioeconómico y político, evadiendo la justicia, y protegidos por un escudo de impunidad; por ejemplo, el cuantioso botín encontrado en la casa del senador Roy Barreras o la bolsa de dinero entregadas subrepticiamente al senador Gustavo Petro. Esta macrocriminalidad es tan poderosa que contiene delitos que ni siquiera las autoridades tienen conocimiento, y si lo tienen no aparece referenciado en las estadísticas oficiales.

Colombia es el mayor productor de cocaína, montada sobre una estructura que abarca no solo a simples narcotraficantes, sino a la esfera de lo empresarial y la política nacional, que les proporciona impunidad, ya que órganos del Estado han sido capturados por esta actividad.

A partir del acuerdo de La Habana la macrocriminalidad se va legalizando, trascendiendo las simples mafias para incluir actores políticos, empresarios corruptos, funcionaros públicos que incluyen de manera estratégica a miembros del aparato judicial, creando complejas redes transnacionales que involucran múltiples entidades criminales, y que es de vieja data, por ejemplo, el caso Fujimori – Montesinos - Farc (trueque de cocaína por armas). Transnacional del crimen que se va consolidando con el mencionado acuerdo.

Esta unión entre el crimen organizado, el Estado y las empresas comerciales, hace que las acciones de estas complejas redes sean más que una organización criminal. Estos complejos procesos logran incluso reconfigurar el poder político y el Estado, como el caso de la JEP, donde la multicriminalidad crea su propia justicia, la cual desafía la solvencia del Estado, convirtiendo a la macrocriminalidad en un crimen estratégico.

*Arquitecto.

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