Se sabía, de tiempo atrás, que en la cúpula judicial algunas sentencias eran mercancía de alta gama y, por lo mismo, recompensa crematística de elevado precio. No hay otro desquite para el que paga por algo de obligatorio cumplimiento en un agente del Estado, que contar el cuento. Por eso, este carnaval de políticos, fiscales, gobernadores y ex magistrados no fue sorpresa para nadie. Eran muchos los intereses y los millones que confluían en el tráfico subrepticio de absoluciones ideadas para lavar personajes encopetados con líos de grueso calibre.
Ignoro quién o quiénes apadrinaron las candidaturas, dentro de la Suprema Corte, de los ex magistrados asoleados por un audio de la DEA. Sé que deben estar arrepentidos de su padrinazgo, porque semejante señalamiento no tiene antecedentes en una Corte donde abundaron el honor, la ciencia y el rigor de juristas que sacrificaban jugosos honorarios en sus oficinas para enriquecer la jurisprudencia colombiana. Sí que fue mejor el tiempo pasado de este augusto tribunal, hoy mancillado por un tránsito malsano de la grandeza a la pequeñez.
La solución de este cuadro patológico no estará en las constituyentes, ni en los actos legislativos, ni en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Estará en el nombramiento de magistrados que lleven prestigio a las cortes y no al revés. El revés es lo que estamos viendo con preocupante frecuencia: estolidez, desprestigio, descaro, audacia de baja ley y saltos del anonimato a la opaca celebridad de reos sin afeites.
¿Otra reforma dispendiosa de textos y con controles previos? Por Dios. Hay reformas que mueren antes de nacer ultimadas por los propios magistrados. La Corte Constitucional, por ejemplo, enterró –teniendo sus nueve miembros interés directo– la creación del Tribunal de Aforados con la tesis de que sustituía la Constitución. Mentira. Lo hizo porque están más tranquilos sin un juez que los asuste, como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. De 3.500 denuncias radicadas allí contra magistrados con fuero, solo prosperó la del pedigüeño doctor Jorge Pretelt.
Si soy un magistrado íntegro, me importa una higa que me juzgue la Comisión de Acusación, un tribunal de aforados o el mismísimo Leónidas Bustos. Allá él si se atreve a proponerme la venta de un prevaricato. No hay motivo razonable para que un funcionario probo le tema a su juez.
Estoy seguro de que la mayoría de los 60.000 servidores de la Rama Judicial son gente correcta. Con contadas excepciones, tribunales y jueces administran justicia con honradez y abnegación. Por estímulo a esa mayoría, convendría revivir la transparencia en los más altos niveles, de los cuales desapareció por los 3.499 expedientes archivados por la CA en perfecto estado de virginidad.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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