La brusca sacudida de extorsiones que afectó a la Justicia opacó, en buena medida, la borrasca de apetitos que tiene enlazada a la administración distrital con varios centros penitenciarios de la Costa. No es nada usual que un alcalde y más de medio Concejo estén trajeados con imputaciones de cargos y al borde de un veraneo decretado por jueces de la República en hospederías que no son propiamente hoteles boutiques.
Cuando la política requiere banqueros informales que pongan la plata que nadie tiene para hacerse elegir, se pudre todo lo que la rodea, con más chance si entran en la ‘vaca’ los partidos y empresarios interesados en adquirir decisiones indispensables para sus negocios. Los políticos entran sin misterios; los empresarios, doctorados de hecho en Promoción del Desarrollo, entran con la mano en el corazón y asomando el cristal de una lágrima de amor por Cartagena.
Un espectáculo teatral que los hermanos Discépolo, Armando y Enrique Santos, denominaban “Grotesco” en la Buenos Aires del decenio de los veinte.
¿Cuánto hace que se viene diciendo en los tertuliaderos, los cafetines o en las afueras de la misma corporación edilicia, que al Concejo lo ‘arreglan’, lo ‘aceitan’ y lo ‘untan’ cuando de votar proyectos clave se trata? ¿No era vox pópuli que un secretarito de despacho andaba con una gorra recolectora que tenía un código de barra (20 por ciento) que solo leían los ojos de los proponentes de un proyecto?
Ninguna diferencia entre estos bribones y Luis Candelas, el bandido de Madrid, y “El tuerto de la Fuentecilla”, ajusticiado por la Guardia Civil.
Nada me gustaría tanto como que, de los 71.000 registros de llamadas logrados por la Fiscalía, salieran condenas ejemplares para autores y cómplices del malandrinaje local. Quiera Dios que el fiscal Martínez Neira no desfallezca, ni los jueces competentes al momento de sentenciar, aunque me temo, como tantos coterráneos, que más de una tinterillada bien retribuida se tire la oportunidad de limpiar las nóminas del Distrito.
¿Pesimismo? No. Pero murmuro con desaliento porque abundan, al apagarse los ecos de un escándalo, los lavados de honra de muchos granujas despedidos, a la salida de los penales, con muestras de halagos y pleitesía por el juez que los absolvió y el alcaide que los vigiló. Al primer periodista que los enfrenta le dicen con insolencia inapelable: “Se impuso la sensatez”. Cinismo es lo que le sobra a la canalla.
La solución no está en otro régimen legal, como se pretende con la Justicia. Estaría en la conducta de los alcaldes. Por lo dicho antes, vivimos en una ciudad donde el que debe mandar obedece a quien lo fleta. Sin esa obediencia y sin el sobresueldo de los concejales no hay función pública. Esta cláusula hay que agregársela al Contrato social de Rousseau.
carvivibus@yahoo.es
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