Para Cartagena es de vida o muerte el Plan de Drenajes Pluviales por la ofuscación colectiva que causa, cada aguacero fuerte, con su inevitable desmadre de las aguas. Ha dado tantos giros de cometa dicho plan que los zumbidos van camino de postrarnos porque, para colmo de desgracias, el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló el Acuerdo que transfirió a Edurbe los recursos del Sistema General de Participaciones que lo financiarían.
Obvio que el proyecto es importante para la ciudad, pero el análisis que el concejal Curi propone para sacudirnos la caída del Acuerdo 23 de 2016, debieron hacerlo la Alcaldía, el Concejo y sus abogados antes de adoptar un procedimiento cuya legalidad revisaría la Justicia Contencioso Administrativa, entre otras cosas por los cuestionamientos hechos al pingpong Distrito Edurbe con los convenios interinstitucionales.
Si no hubiera normas reguladoras de la contratación administrativa que continúan vigentes, hasta divertido resultaría inventarse cabriolas que culminen en el proponente único o en dos con un premio de consolación. Pero habiéndolas, y con chorrera de artículos e incisos, desde leyes y decretos hasta resoluciones y circulares, es mejor respetarlas aunque cueste más tiempo coronar la intención previamente convenida. Salirse por los atajos, con anteojeras de percherón, es surtir de virutas el remolino de la picaresca distrital.
Que fue impresionante la participación comunitaria en la audiencia pública celebrada en el barrio Las Palmeras, no lo niega ni un chiflado callejero. Pero también lo fue el desencanto que produjo la cuchillada judicial que merecieron las imprevisiones jurídicas de los “expertos” consultores del equipo gubernamental. Bonitos los planos y la ingeniería de detalle de los ocho primeros canales, pero paralizados son como lágrimas que no quiebran peñas.
Tenemos que bajarle intensidad a nuestro folclor político, a la costumbre de engañarse y engañarnos de nuestros dirigentes. Créanlo, siempre habrá jueces que fallen en derecho, como nos pasó con el 23 de 2016. Hoy rasgan costras los interrogantes que la opinión pública se plantea sobre lo que hubiera podido ocurrir si los jueces no paran la carambola tacada a tres lustros (bandas), promediándola a $23.000 millones por año.
Cartagena vive una etapa de su historia que demanda rigor en la aplicación de su régimen legal. Lo recalcó el alcalde Londoño al despedirse. Donde sus autoridades se excedan u omitan lo que prescriben la Constitución y las leyes, saltarán las liebres que dejan sin piso firme las instituciones de su estatus especial. Esa es la lección que nos deja la sentencia del Tribunal. La política no es un sainete de pachorros; es arte y es ciencia, y es más altivez que morisquetas de polichinela.
correo: carvibus@yahoo.es
*Columnista
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