Me pasó con el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico lo que a la inmensa mayoría de los cartageneros: que no conozco su diagnóstico y sus lineamientos, e ignoro, por tanto, detalles de su contenido. Pero no se me escapa la importancia que tiene para la ciudad y su futuro desarrollo, más ahora que habrá, en las zonas que rodean el viejo corral de piedra, cambios significativos en la composición urbana por el traslado de la Base Naval.
Por no tener PEMP, a pesar de que se anunció desde hace un lustro o más, noto con preocupación que proyectos como el que avanza en la antigua Plaza de la Serrezuela afectan el panorama arquitectónico. Los paredones levantados allí nos renuevan el convencimiento de que aquí, en la villa de don Pedro el desnarigado, los interesados en inversiones rentables aflojan sus esfínteres sobre las prohibiciones aplicando la consagrada doctrina Odebrecht.
Conocida la propuesta de Planeación Distrital, el concejal David Caballero pidió que el PEMP se discuta con amplia participación ciudadana y no solo con los gremios y los académicos. Si resolvimos ser una democracia participativa -la palabrita cunde en el articulado de la Constitución- fue para atender los clamores ciudadanos y respetar las rayas rojas determinadas por la conservación del patrimonio histórico y la sostenibilidad de un ambiente sano.
¿Por qué se teme incluir a las comunidades en el debate sobre sus problemas y repercusiones? ¿Acaso se resisten a admitir los planes oficiales elaborados con rigor? ¿O es que hay por ahí la intención de untarnos vaselina para centralizar el manejo de nuestros bienes de interés cultural?
Retrocesos, stop. El alborozo que nos produjo la descentralización política, administrativa y fiscal no es pasado. Sigue siendo presente, e hipotecarla, contrariando sus ventajas institucionales y prácticas, sería un despropósito. Eso lo saben el presidente y la ministra de Cultura, y es innoble que aprovechen la inercia del Gobierno local a fin de pasarse por la faja mandatos superiores, imperativos y claros.
Espero que el Concejo no caiga también en la comodidad de la inercia y, menos todavía, en un rumbón de halagos que dobleguen su voluntad. La Carta Política lo faculta para dictar normas sobre control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Distrito. Y la ley desarrolla y precisa dicha atribución. Con mirar el artículo 313 y la reglamentación de los distritos, basta.
El Distrito no puede reducir su competencia a una simple labor de carpintería para que la nación pula, de manera inapelable y a su antojo, los listones de un plan básico que nos concierne y de cuyas proyecciones dependerá la mina de oro turística que resucitó de los vapores residuales de la colonia: nuestro Centro Histórico.
carvibus@yahoo.es
*Columnista
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