Misil contra la extradición

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Recordemos. La JEP nace de violar el principio fundamental de un estado democrático: respetar el resultado de las urnas. Con la bendición de una Constitucional que cambió de manera vergonzosa su jurisprudencia en apenas semanas, se aceptó que el Congreso, enmermelado para un coma diabético, aprobara el acuerdo que había sido rechazado en las urnas. El flagrante desconocimiento de la voluntad popular ahondó una fractura social y política que nació en las elecciones del 2014 y que hoy sigue viva, profunda, intacta. Santos, el acuerdo con las Farc y su implementación a las patadas, dividieron el establecimiento y la sociedad colombiana.

La JEP, aunque “nueva”, sufre de todos los males de la jurisdicción ordinaria. Millonario presupuesto, clientelismo, contratación a dedo, beneficios contractuales para parientes y amigos, ausencia de transparencia en el gasto, pujas internas de poder, burocracia excesiva e ineficiente... Y, por supuesto, actuaciones sistemáticas dirigidas a favorecer a las Farc: pago de sus penalistas defensores, permisos de “vacaciones” en el exterior, encubrimiento y engaño a la justicia, etc.

En conclusión, ilegítima de origen y de ejercicio. Y después, Santrich. La decisión de la sala que niega la extradición tiene consecuencias gravísimas: A. Prueba que la intención de la mayoría de magistrados era evitar su extradición. B. Le pone un misil a la extradición misma, porque pretendía hacer una “evaluación de la conducta” en Colombia, es decir, un seudojuicio, cuando la lógica de ese mecanismo de cooperación judicial es la inversa: la evaluación de la conducta y de las pruebas se hace en el país requirente, el que solicita la extradición, y no en el requerido. C. Extiende de hecho la jurisdicción de la JEP más allá del 01-12-16, y con ello fomenta el narcotráfico y la reincidencia porque envía el mensaje perverso de que aún quienes narcotrafican después de la firma del acuerdo disfrutarán de un juez favorable, procedimientos especiales y de las “penas” de mentirillas de la JEP. Y, claro, no serán extraditados. D. Como consecuencia, se desconocen los derechos de las víctimas a la no reincidencia y habrá más violencia.

La apelación de la Procuraduría y la recaptura de Santrich son apenas un consuelo. La batalla por la no extradición queda abierta. Las Farc temen que en Estados Unidos se quiebre y cante como una lora. Y de nuevas pruebas de lo que ya es obvio: que aún hoy hay comandantes de las Farc untados hasta el cuello en narcotráfico.

Finalmente, no es la extradición de Santrich lo que amenaza la paz. Lo que fomenta la violencia es la reiterada conducta criminal de algunos comandantes farianos.

A estas alturas, nos han obligado a tragarnos los sapos de la impunidad y la JEP para los delitos previos a la firma del acuerdo. Pero para los posteriores no puede haber sino justicia implacable.

*Abogado y analista político

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