Misión imposible

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Se cumplen casi 15 años de la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, la que consagró un sistema procesal penal con preponderancia de las características acusatorias dentro de las que se resaltan la oralidad, publicidad e igualdad de armas. Para la época en que se promovía la iniciativa de reforma se exponían como principales motivos, la reducción de la planta de personal en la Fiscalía y, además, acabar con la ya existente mora.

La equivocación no pudo ser más grande. Pensar que la forma de destronar la morosidad era un sistema oral que implica la presencia física del fiscal en las audiencias, mientras su despacho queda prácticamente solo, fue algo infantil, tanto como creer que, ante la misma circunstancia, se podía disminuir la planta de fiscales. El tiempo fue el tribunal inexorable que lo confirmó.

Hoy tenemos un sistema colapsado y sin posibilidad objetiva de que fluya. Las víctimas ven pasar los años sin noticias o avances, abismados al sentir que se les diluyen sus derechos en la desesperanza; los indiciados, a veces amarrados a indagaciones sin fundamento, mantienen la zozobra y amargura de estar sub júdice. Indiscutiblemente solo prosperan los casos de connotación mediática y en los que se ha producido una captura en flagrancia, los demás, como lo dije, duermen el sueño de los justos.

Este es un mal nacional, Cartagena no es ajena, en la fiscalía la mora hace de las suyas, y no precisamente por inoperancia de su capital humano, sin duda los funcionarios han desbordado su capacidad natural, al punto de sacrificar la salud y familia, pero aún así les resulta imposible cumplir con la carga que injustamente los expone a sanciones penales y disciplinarias.

Nadie creería las cifras y circunstancias al interior del ente acusador. ¿Cuántos procesos maneja cada fiscal? Según fuentes consultadas, los especializados tienen los asuntos más delicados y por lo general complejos, entre 450 y 500, pero uno destacado para temas de extorsión tiene a cargo 1.000. Los de administración pública promedian 400 aproximadamente; los de competencias generales entre 800 y 1.000, aunque se resaltan dos despachos que increíblemente tienen 2.180 y 3.120. ¿Cuentan con las herramientas de trabajo? En verdad carecen de suficientes investigadores y asistentes, algunos no tienen y otros los comparten, pero además se les suma la carga secretarial de alimentar los programas de información, asistir a reuniones, comités, y preparar estadísticas, labor que les quita el tiempo que no tienen.

Sin duda, el recién posesionado fiscal general tiene más que un reto, hacer viable una Fiscalía que agoniza y no ha muerto por la tenacidad de sus fiscales y empleados, pero necesitada del urgente aumento de la planta de personal, políticas serias de descongestión y la modernización procesal.

*Abogado.

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