No me aflijo ni aflojo

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Con los nubarrones, olor de lluvia y truenos recordé la sentencia del Tribunal Administrativo; en julio de 2014, por alto riesgo e invasión despiadada a la ciénaga de Juan Polo, ordenó al alcalde ejercer autoridad y reubicar a la población de Marlinda y Villagloria.

Pensé en la posible tormenta y la segura tragedia que afectaría las 551 viviendas, 660 familias y a los 2303 ciudadanos, y también en los casi tres años que lleva sin solución la apelación ante el Consejo de Estado. Con el desgobierno y el desacato a la ley, imaginé el incremento de la invasión de esa zona “protegida” e inundable.

También en la responsabilidad de magistrado cuando a sabiendas de la sentencia reconociendo el alto riesgo, congela su decisión por tanto tiempo.

Esta Acción Popular es de un alto contenido social, ambiental y de gobernabilidad. Los demandados son el presidente, la Armada Nacional, Fiscalía, Alcaldía, Cardique, Policía y otros. De la sentencia depende cambiar la acción del Estado y los ciudadanos ante al caos ambiental. Se busca que, ejerciendo soberanía y sancionando los delitos, venzamos el círculo vicioso del estado eunuco y acceder a uno que gobierne, eduque e imponga la ley, pare el delito socializado contra los bienes de uso público y dirija la adaptación al cambio climático, que urge.

Cuando constataba que desde marzo del 2016 el expediente sigue congelado en el despacho del magistrado Roberto Serrato, recibí una citación del Juzgado Octavo Civil del Circuito para un Pacto de Cumplimiento, en una Acción Popular que en 2004 como director del EPA presenté contra Tigelino Mosquera.

Es decir, que el Juez, 13 años después, trasladó la demanda a este invasor y escuchará a las partes para iniciar la Acción Popular. Recordé que pese a la evidencia del enorme cambio del uso del suelo, en 2006 la Fiscalía, luego de pasar por 5 fiscales, recalificó el delito y por “prescripción de la acción penal” lo precluyó.

Luego, indignado, pregunté en la alcaldía por la restitución que después de 16 años ordenó la Corte Suprema de Justicia anulando la “prescripción” de Aníbal Olier en La Boquilla, ¡increíble!, aún no la realizan.

La jurídica del alcalde acata la tesis dilatoria de la abogada de Bohórquez –invasor de la zona- que alega que no es procedente hasta que el Incoder no delimite. Y nada hay que delimitar, es una ciénaga y la máxima autoridad judicial reconoció la zona de bajamar y eliminó la prescripción abusiva. ¿Tendré que denunciar a Manolo?

El magistrado Serrato no falla, la Fiscalía no reacciona, y continúa la ocupación y destrozo de la zona de bajamar en Tierrabaja, el negocio del escombro y la tala del manglar en Torices y Manga.

Seamos serios, la V Avenida no es una vía interna, afectará una ciénaga y un caño que son patrimonio natural y se requiere licencia.

RAFAEL VERGARA*

rvergaran@yahoo.com

*Abogado ambientalista y comunicador.

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