En la columna que escribo para El Tiempo este domingo recordé, después de haberlo leído en el nuevo libro de Jorge Orlando Melo (Historia Mínima de Colombia, Turner y Colegio de México, 2018), que la propuesta de reforma agraria que ofrece Gustavo Petro es muy parecida a la que trató de llevar a cabo Carlos Lleras en 1966. En el mismo libro encontré que el proyecto de Iván Duque de crear un tribunal superior único para el cual todos los magistrados serian designados por el presidente y no por el Congreso es una idea que ya fue ensayada durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1954.
Este general se apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) que había convocada en el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta para darle un toque de legitimidad a su gobierno. Esta asamblea nombró a varios diputados y entre ellos a más de 20 liberales ‘lentejos’ que se posesionaron sin autorización de su partido. Posteriormente otros liberales, dice Melo en su libro, “le dieron su apoyo político y aceptaron en noviembre de 1954 el nombramiento, para responder a la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, de una Corte Paritaria, en la cual estuvieron dirigentes liberales notables como Darío Echandía.”
Melo anota que “nadie pareció incomodarse porque el nombramiento lo hiciera el presidente” y no el Congreso. Tampoco se opusieron a “que la Corte fuera nombrada en adelante por el presidente, para que no fuera nombrada con criterios políticos, como los que dominaban en el Congreso”, como lo propuso Rojas.
Corremos el riesgo de que Duque haga la reforma que desea hacer contando con el consenso de los partidos políticos que lo acompañan. En 1954 el consenso que existía entre los dos partidos tradicionales le sirvió a Rojas para nombrar una corte de bolsillo y para prorrogar por otros 4 años hasta 1958 su mandato presidencial. El partido comunista, que no participaba en este consenso, fue declarado ilegal por esa asamblea casi al mismo tiempo.
Preocupa entonces que Duque anuncie que hará la reforma a la Justicia “buscando que sea consensuada entre las fuerzas políticas y las altas cortes”, porque dichas fuerzas políticas ya son suyas y quién sabe con qué presiones someterá a las altas cortes.
Se necesita una reforma de la Justicia porque impera la inseguridad jurídica y la venalidad y quizás sea necesario darle a la Corte Constitucional mayor jerarquía que a las demás para evitar choques de trenes y tutelas cruzadas, y para que haya un solo tribunal superior, pero sin concederle al presidente la atribución de nombrar a todos sus miembros, porque con ello se podrían sentar las bases para concentrar los tres poderes en uno solo, al estilo Maduro o Fujimori.
Los liberales sueltos, los que militan en el centro y la izquierda deben ser conscientes de las consecuencias de su voto, tendrán que organizarse y estar alertas para defender la democracia si se emprende una reforma “consensuada” que ponga en peligro las libertades civiles y concentre excesivamente el poder.
*Economista
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