Columna


Nuestras crisis

ARMANDO MERCADO VEGA

18 de agosto de 2017 12:00 AM

A la crisis de gobernabilidad que vive Cartagena por la suspensión temporal y posterior captura del alcalde Manolo Duque, se le puede sumar otra de legitimidad del sistema político local, producto de la detención de la contralora distrital y un concejal.

Las crisis políticas tienen diferentes dimensiones. En las de representatividad, una parte considerable de la población no se identifica con quienes gobiernan; en las de gobernabilidad, el gobierno -por factores internos o externos- no puede terminar su mandato; y en las de legitimidad, ante la corrupción o ineficiencia, se desconfía de las autoridades. 

Nuestra crisis de gobernabilidad es acuciante: desde 2008 hemos tenido nueve alcaldes. Cuatro electos: Judith Pinedo, Campo Elías Terán (q.e.p.d.), Dionisio Vélez y Manolo Duque. Tres designados por la Presidencia de la República: Bruce Mac Master, Carlos Otero (q.e.p.d.) y Sergio Londoño, a los que se suman dos encargados durante la era Campo Elías: Óscar Brieva y Felipe Merlano.

Es un secreto a voces que los clanes políticos han gobernado la ciudad en cuerpo ajeno. Detrás de la alcaldía de Terán se dice que estuvo la familia García, que tiene miembros investigados por presuntos vínculos con el paramilitarismo y uno de ellos condenado por corrupción. Los Char, de Barranquilla, apoyaron públicamente la candidatura de Vélez, y siempre se cuestionó la presencia de empresas cercanas a ese grupo en contratos de obras. En la administración Duque el poder en la sombra era (o sigue siendo) su primo hermano José Julián Vásquez, algo que parece estar confirmándose gracias a los audios que sirvieron para judicializarlo.

Pero el terremoto político que sacudió a la ciudad en las últimas semanas es diferente a los anteriores. Otras veces el caído era solo el alcalde, pero en esta ocasión se involucra a parte de su círculo cercano, además de la contralora distrital Nubia Fontalvo y al concejal Jorge Useche. El proceso puede tocar a otros 13 concejales, lo que extiende la falta de legitimidad a otros órganos políticos y de control.

De esta crisis se puede salir de dos formas. Una es que una elite honesta, preparada y progresista por voluntad propia sustituya a las elites extractivas que se apoderaron de la ciudad. Otra opción es que la sociedad civil organizada (academia, gremios, medios de comunicación, ONG, líderes cívicos, etc.) ejerza el control social y exija rendición de cuentas a las autoridades, y que elijamos nuevos y mejores políticos en las próximas elecciones. De lo que se trata es de provocar un terremoto político que espante los vencejos que anidan los tejados del Palacio de la Aduana y sus alrededores.  

*Profesor-UTB

COLUMNA EMPRESARIAL
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