Omisión o extralimitación

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En estos gobiernos neoliberales, sus servidores públicos de todos los rangos amenazan y vulneran permanentemente los derechos fundamentales constitucionales sin que las autoridades competentes actúen para evitarlos.

Las organizaciones sociales y sindicales, nuestra labor misional constitucional y legal es velar por garantías del Estado social de derechos y que los principios, derechos fundamentales, los DESC, se les cumplan a los ciudadanos.

En el gobierno corporativo de Duque, se repiten actos de sus altos funcionarios, que sin duda ameritan que muy respetuosamente y en el marco del diálogo social se realicen derechos de peticiones y tutelas para exigirlas.

Desde enero 2019, a los funcionarios del Cetcoit, Mintrabajo no les ha renovado sus contratos, su mandato es buscar solución entre los empleadores y trabajadores a los conflictos laborales de organizaciones sindicales.

Mininterior, en sus orientaciones en las políticas contra la paz y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, todos los funcionarios que fueron designados, en el plan de acción laboral, para defensa sindicalista fueron despedidos.

La sección de DD. HH., del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, para amenazados, los únicos funcionarios que han quedado son los de carrera, los demás lo han despedidos sin justa causa.

En el Centro de Memoria Histórica, víctimas del conflicto armado, se nombró un director, las únicas víctimas que tienen cabida son las de la Farc y asociaciones de víctimas que se tomaron este espacio.

A las centrales obreras, las organizaciones sociales que interlocutaban con el alto consejero presidencia para los DD. HH., para soluciones a las amenazas y violaciones, les cambiaron el nombre y las políticas para evitar más víctimas.

El presidente Duque no ha instalado la comisión de alto nivel de reparación colectiva de víctimas del sindicalismo que sobrepasan 3.400 asesinados, 99.9% de impunidad.

Con ocasión de la nueva intervención de Supersubsidio a Comfamiliar Cartagena, Bolívar, Res. 0387 de 26 junio 2019, con vías de hecho se han desconocido los mandatos del Art- 29 y 31 CP de 1991, defensa, debido proceso y doble instancia.

Con los mandatos Art- 23, 20, 90, 91, 92 CP de 1991, es nuestro deber solicitar estas garantías, para que se cumpla el art- 6 de la CP 1991, para los servidores públicos que las infrinjan respondan por acción u omisión de sus funciones.

Con todas estas políticas públicas en contra de las garantías constitucionales y legales a los ciudadanos de a pie, la única solución son tutelar estos derechos y voto de castigo a candidatos partidos ultraderecha el 27 octubre 2019 y el 2022.

*CUT BOLÍVAR

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