Columna


Otra vez Escazú

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA

22 de mayo de 2022 12:00 AM

¿Cuál es el interés de la izquierda en el acuerdo de Escazú, a pesar de sus inconveniencias para el desarrollo y la soberanía jurídica, como ha manifestado el Consejo Gremial Nacional?

Hace parte de su estrategia de las causas justas, pues el Acuerdo, firmado en 2018 en Escazú, Costa Rica, es “ambiental”, lo que lo hace intocable, aunque no compartirlo no nos convierte en enemigos del planeta, como disentir del fariano no nos convertía en enemigos de la paz.

Escazú es una adaptación del Convenio de Aarhus (Dinamarca 1998), un documento similar para Europa, sin el artículo sobre Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, porque allá no hay narcotráfico que los asesine.

Para Iván Cepeda, el Acuerdo ayuda a “entender por qué hay oposición de las comunidades a esos proyectos -infraestructura y energéticos- y por qué se persigue a sus líderes...”, insinuando que los asesinatos tienen origen oficial o en empresas extractivas, mientras no ve la violencia narcotraficante de sus compinches y combate la fumigación aérea.

Coca y minería ilegal son principales causas de deforestación y contaminación de ríos, pero “Escazú no contiene disposiciones que contribuyan a contrarrestar las economías ilegales ni a las organizaciones criminales (...) que ejercen control territorial y violencia contra la población”, señala del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga (2020).

Además, los asuntos del Acuerdo “ya cuentan con marco normativo (...), para derechos humanos, acceso a información, participación y justicia ambientales”. Si la tutela, la consulta previa y la jurisdicción bloquean importantes proyectos de infraestructura y energía, Escazú los haría imposibles.

El Acuerdo representa también “una cesión de competencias soberanas en materia de acceso y administración de justicia”, sin claros límites a las jurisdicciones internacionales para resolver asuntos ambientales...”, pues se activaría hasta ¡la Corte Internacional de Justicia!, que falló a favor de Ortega y nos arrebató mar territorial.

Para el progresismo, obsesionado con “democratizar” la tierra, Escazú se suma a la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, para expropiar la que consideran “improductiva”, con la tierra ganadera en primer lugar.

En Europa no ha sido fácil la aplicación de Aarhus, y en Colombia, además de lo planteado, la dificultad es “tamaño elefante”, aunque la izquierda y otros sectores se hagan los ciegos. Con la indiferencia europea, Colombia suma 70 años de violencia rural, por la revolución armada y hoy por el narcotráfico que deforesta, corrompe y asesina. Frente a eso, no hay Escazú que valga.

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.

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