Columna


¿Otro Aquarela?

RAFAEL VERGARA NAVARRO

19 de septiembre de 2020 12:00 AM

Puerto Bello no es puerto y fue un lugar bello antes que talaran sus manglares y los invasores lo pusieran en venta. Se ubica entre las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, de cuyo territorio es parte. Pues bien, esta semana de indignación por los abusos, muertos y heridos, nos sorprendió una tutela que buscaba que la Secretaría del Interior diera viabilidad al Consejo Comunitario N° 22: el de Pueblo Bello. El despropósito generó reacción de líderes comunitarios de ambas veredas y La Boquilla, de la Procuraduría y el Ecobloque, y la respuesta negativa del Distrito. Una vagabundería: los solicitantes no son del lugar y la Constitución y la Ley 70 exigen asentamiento ancestral. Acaso buscaban ‘legitimar’ su ‘inmobiliaria ilegal’ o el acceso a una consulta previa por venir. ¿Quién de los compradores será el financista del despropósito?

Al lado de la ocupación ilícita de Hernán Joel Bohórquez, que ha impedido desde el 2004 su desalojo, con el casco urbano de La Boquilla cruzando el caño, la Guardia Ambiental encontró otra enorme ‘parcelación’ detrás del manglar con que la ocultan. Con precios más populares, venden a $4 millones ‘lotes’ de 7 metros de frente por 19 de fondo, con ‘posesión’ escriturada y rellenables al pagar de contado o a crédito: $2 millones y el resto a 12 meses. Hay 40 rellenados y otros 50 en agua. Nadie denuncia porque nada pasa, la ceguera es mal oficial, por eso el señor Alcázar da su celular a interesados. Tarea para el Ecobloque y la Fiscalía.

La Boquilla ambientalmente tiene que recuperar la legalidad, su titulación colectiva y con el consejo comunitario la institucionalidad, cumpliendo con la Ley 70 que ordena defender y oponerse a las ventas de lo que queda con vida de su (auto) agredido ecosistema. La exigencia de respeto a las zonas de bajamar es una obligación compartida del alcalde local con la inspectora y la Policía. Por eso no es válido que protegidos por el silencio, pase tanta vaina y continúe la construcción dos edificios en la carrera 9, cual si no existiera ley ni autoridad.

Y la tapa de la olla: en Marlinda, bajo el ala del Consejo Comunitario, la agresión a la zona de bajamar y la ocupación indebida de los bienes de uso público ha sido constante y desafiante. La sentencia del Consejo de Estado del 18 mayo del 2017, además de la reubicación de los asentamientos por estar en alto riesgo, “proscribió la construcción de viviendas y edificaciones en el sector por estar en zona de bajamar”

Resulta incompresible e ilegal que la Curaduría N° 1 con la Radicación 13001119-0570 haya autorizado allí la construcción de un hotel, desacatando la sentencia y abusando de sus facultades por estar en suelo de la Nación y zona prohibida. Señor Llamas ¿estamos ante otro Acuarela?

*Abogado ambientalista y comunicador.

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