Columna


Peticiones al Estado

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

06 de julio de 2018 12:00 AM

Es inaplazable que los servidores públicos que representen al Estado y al Gobierno colombiano, cumplan sus obligaciones y deberes con los principios y derechos fundamentales de los trabajadores y sus sindicatos.

Les recordamos los mandatos consagrados en la Constitución Nacional de 1991, Artículos 1, 2, 4, 23, 39, 53, 55, 84, 93, 95, 103, los convenios con la OIT, el bloque de constitucionalidad, todos de obligatorio cumplimiento.  

Por lo anterior las organizaciones sindicales en Cartagena y el Dpto. de Bolívar, presentan estos derechos de petición públicos, habida cuenta que se han dado amenazas y violaciones por parte de los que fungen como autoridades del Estado.

Solución interinstitucional por las amenazas contra la vida de la educadora Magda Deyanira Ballestas Chivatá, que laboraba en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial IETAC, del municipio de San Pablo, Bolívar.

Solución del conflicto con los trabajadores de Tenaris Tubos del Caribe, donde entraron en huelga de hambre indefinida Jairo del Río y Elías Zabaleta, denunciando la persecución laboral por parte de la empresa con el patrocinio de las autoridades.

Se deben solucionar las amenazas de desplazamiento de los trabajadores  del sector informal con el macroproyecto de protección costera en los 14 km de las playas de Crespo, Marbella, Bocagrande, Laguito y Castillogrande.

También solucionar los despidos injustos e ilegales por sindicalizarse en el Hotel Caribe, Equilog, Impotarja y Sescaribe, empresas de la Sociedad Portuaria y Contecar,  y la Empresa de Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P.

Deben cumplir Cerromatoso S.A. y South 32, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, fijada el 22 de junio de 2018, donde se ordena el reintegro inmediato de los sindicalistas de Sintracerromatoso, Yacir Luna y Jorge Galvis.

Se requiere cumplimiento real y serio a los vigilantes de colegios públicos de Bolívar, a quienes desde el mes de enero a abril del 2018, no se les han reconocido ni cancelado las horas extras, recargos nocturnos ni domingos y festivos.

Se necesita la restitución por el derecho a la vida, de los esquemas  de seguridad por parte del CERREM, UNP, a Rafael Cabarcas, Julio Carrascal, Héctor Álvis, Luis Plaza, Ortalides Castro y Roberto Bustamante, líderes sociales y sindicales de la CUT.

Que cesen los asesinatos selectivos de quienes denunciamos la corrupción, cada 4 días asesinan un líder social, y entre 2017 y 2018, van 227 líderes asesinados.

La paz y reconciliación efectiva  se construye con diálogo social con resultados. Solicitamos a nuestro querido gobernador como una prioridad, reubicar la sede sindical de la CUT en Bolívar, con un nuevo comodato.

Esperamos con esperanza que estas peticiones tengan pronta solución del Estado colombiano.

“Por lo anterior las organizaciones sindicales en Cartagena y el Dpto. de Bolívar, presentan estos derechos de petición públicos, habida cuenta que se han dado amenazas y violaciones (...)”

 

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