Una sociedad educada promete ciudadanos más felices y estables, nos permite tener acceso a un mejor trabajo, ser más independientes y tomar decisiones con libertad, nos da herramientas para hacer de los propósitos una realidad, facilita participar en la construcción de una sociedad más próspera e igualitaria, nos genera confianza y esperanza, y la esperanza alimenta la paz.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que toda persona tiene el derecho a la educación; la Constitución Política de Colombia reitera este derecho, además asevera que “con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Si en los últimos años, y de manera sostenida, nuestros estudiantes de las instituciones educativas oficiales han obtenido los más bajos resultados en las Pruebas Saber en el país, ¿estamos entonces garantizándoles este derecho? Claramente, no. El derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes va más allá de que asistan a la escuela, de que estén los maestros en las aulas o que reciban alimentación; se traduce en que las escuelas tengan una infraestructura digna, que los maestros se preparen cada vez más y mejor, que les brindemos una educación integral que les genere capacidades en el saber pero también en el ser, para una sana convivencia dentro de la sociedad.
La hoja de ruta para construir una Cartagena incluyente, libre de pobreza extrema y más equitativa, está trazada en el Plan Maestro de Educación (PME) al 2033, el cual esperamos en los próximos días sea aprobado por el Concejo. No debe existir motivo o excusa para que no sea así. Ninguna preocupación debe suscitar en quienes tienen en sus manos aprobarlo, ya que financiarlo no compromete recursos de vigencias futuras del Distrito, ni nada parecido. Se trata de darle vida jurídica al PME para que los próximos gobiernos prioricen en sus planes de desarrollo los programas, proyectos y la inversión.
El Concejo no debe perder de vista que este fue un proceso de construcción participativa, con más de dos mil quinientas personas, que tuvo rigurosidad metodológica, y con el que se espera que la educación en Cartagena tenga el giro positivo que tanto necesitan sus habitantes.
Los cartageneros deberían rodear esta propuesta, de la que debemos sentirnos orgullosos todos, pues fue construida por cartageneros y pensada en el marco de nuestro contexto local, que incluye, a diferencia de otras ciudades, educación en zona rural e insular.
De nosotros depende que en los próximos quince años los gobernantes de turno, el Concejo, la comunidad educativa y la sociedad civil, de manera colectiva y participativa, gestionemos y velemos porque la educación pública deje de ser la cenicienta de la ciudad.
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