Plan nacional antidesarrollo

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Constitucional y legalmente los colombianos tenemos el derecho a participar en las decisiones que nos afectan, (Art- 2º. CP 1991). Exigimos al Congreso y al Gobierno respeten los principios y derechos constitucionales en el nuevo PND.

La Ley 152 de 1994, permite la participación de los sectores sociales en la aprobación del nuevo PND.

El PND, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, contiene una serie de reformas de orden laboral, tributaria y pensional encubiertas, que aumentan la precarización y la desigualdad social en Colombia.

Pretende legalizar y legitimar la contratación laboral por días en el campo y la exoneración del pago de los aportes a la seguridad social, a los patronos.

Como efecto a largo plazo, negaría a estos ciudadanos la posibilidad de pensionarse dignamente, sometiéndolos al sistema de los beneficios económicos periódicos, “Beps”.

Igualmente el PND no profundiza en la implementación del Acuerdo de Paz, (Art. 22. CP 1991), ocasionando consecuencias políticas, económicas y sociales de incalculables dimensiones, ante su desfinanciación e incumplimiento.

Con base a las denuncias esbozadas acerca del PND, las organizaciones sociales y sindicales con fundamento Art- 23 CP, derecho de petición y con movilizaciones, pedimos públicamente a los congresistas, al gobierno de Duque:

Eliminar todos los aspectos regresivos en materia laboral, pensional, tributaria, social, la paz y sindical que hacen parte del contenido en discusión en el legislativo presentado por el Gobierno en el nuevo PND.

Cumplir compromisos internacionales adquiridos por el Estado en los Planes de Acción Laboral y con los demás organismos multilaterales.

Estrategias para la generación de trabajo decente, de manera prioritaria trabajadores rurales, mujeres y jóvenes, aprobación ley JEP, implementación integral del Acuerdo de Paz, con presupuesto y respeto por lo pactado.

Erradicar formas ilegales de contratación que realizan descaradamente intermediación laboral, con nóminas paralelas estatales y en el sector privado para burlarse del derecho de sindicalización y negociación colectiva.

Reforma constitucional concertada con los trabajadores de la educación, salud, acueductos y alcantarillados, con el fin de actualizar y adecuar a las necesidades presentes y proyecciones futuras, del Sistema General de Participaciones “SGP”.

Les recordamos a los congresistas, entes territoriales y al Gobierno nacional, el mandato Art- 339 CP 1991, PND, con el desempeño adecuado de funciones asignadas por la CP y la ley, de no ser así sería un Plan Nacional Antidesarollo.

*CUT BOLÍVAR

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