Playas privatizadas

16 de marzo de 2013 12:00 AM

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El Universal y otros medios de comunicación nacionales informaron sobre el fallo del Consejo de Estado que “ordena a la compañía hotelera de Cartagena de Indias S.A. restituir a la nación 26.951 metros que le fueron ‘arrebatados’ al mar en el barrio El Laguito, donde funciona parte del Hotel Hilton Cartagena.”
La decisión responde a una acción popular presentada en 2001 por un ciudadano, alegando que la empresa se había apropiado “de algunas zonas de playa y bajamar que le pertenecían a la Nación”. Ordena a la compañía hotelera construir un parque de igual tamaño para la comunidad en un plazo “improrrogable” de tres años.
Y esto es lo alentador en el fallo del alto tribunal: que es posible conseguir por estas vías, haciendo uso de derechos ciudadanos inalienables, que los organismos del Estado rectifiquen lo que instituciones de ese mismo Estado permitieron hacer en contra de los intereses de la nación, con graves consecuencias, no sólo ambientales, sino en el equilibrio que se debe mantener entre los bienes de uso público (las playas) y los negocios privados (hoteles, proyectos inmobiliarios).
He escuchado decir, desde hace años, que el acondicionamiento de las playas por parte del "Hilton" produjo una alteración en el rumbo de las corrientes marinas, de manera que la sedimentación de la arena ocasionó el cierre paulatino de la boca de El Laguito. Sería oportuno volver a conocer el diagnóstico de ingenieros especializados y de la DIMAR sobre el origen de la amenaza que se cierne desde hace más de una década sobre ese hermoso cuerpo de agua de la ciudad.
Un repaso minucioso sobre el uso que se ha dado a playas y frente de playas a sur y norte de Cartagena pondría en evidencia serias irregularidades, consentidas en su momento por autoridades locales y nacionales. Las alarmas sobre el impacto a mediano plazo catastrófico de esas intervenciones no han dejado de sonar en toda la costa Caribe.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer en diciembre de 2011 el documento “De Política de Playas Turísticas: lineamientos sectoriales”, en el cual se hace un diagnóstico sobre  “la ocupación ilegal de las áreas de playa en algunos casos por parte de conglomerados de personas, como sitio de hábitat y modus vivendi, y en otros para la construcción de complejos urbanísticos, hoteleros, clubes privados, condominios y viviendas…;” en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Valdría la pena repasar con lupa cada uno de los proyectos que se extienden hacia la zona norte de la ciudad, según la advertencia de Mincomercio. No soy, de todas maneras, muy optimista: el poder de los intereses privados es casi siempre mayor a la debilidad de las instancias oficiales donde se da curso libre a la violación de normas existentes.

*Escritor

collazos_oscar@yahoo.es

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