Casi 3 años tardó el Consejo de Estado en fallar la apelación de la sentencia en la que el Tribunal Administrativo ordenó en 2014, reubicar las 551 viviendas, 660 familias y 2303 pobladores de Marlinda y Villagloria. Hoy son más porque el loteo y venta de la zona de bajamar ha continuado.
Estos dos asentamientos, ambos con consejo comunitario, están donde la ciénaga de la Virgen encuentra el mar y se juntan sus aguas. Entre espacios aun no invadidos, las casas van desde los Morros hasta la boca de caño Luisa.
En la zona, el intercambio mareal en el invierno o con las tormentas, eleva el alto riesgo y con el cambio climático y el aumento del nivel medio del mar, la tragedia inevitable.
El CIOH, Cardique, Prevención de Desastres, EPA y las casas en el agua y sobre el manglar, sin lugar a duda lo confirman.
El riesgo también amenaza a “comuneros” no afros y de alto estrato, con casas sobre rellenos a orillas del mar. De ellos nada dicen entes estatales.
En la Acción Popular se notó su ausencia y la burla a la ley. Allí siguen cambiando el uso del suelo, abusando del artículo 7 de la ley 70/93 que dice a los consejos comunitarios que la propiedad colectiva no incluye los bienes de uso público, y en los artículos 20 y 21 obliga a proteger aguas y manglares.
Cobijados entre el justo derecho del pueblo a una vivienda, no hay justicia que alegando la condición racial, justifique a líderes que estimulan la invasión y el “derecho” a destrozar y vender el ecosistema.
La reubicación digna que solicitamos con ‘David Sandoval Acción Popular’, es la solución para la comunidad y la protección de la zona de bajamar por reconstruir.
El fallo existe pero no está disponible y Semana, sin dar la fuente, desinformó y las agencias de noticias y los medios sin razonar repitieron la “chiva”. Según esta, los taponamientos de flujos de agua y las tensiones “por los constantes operativos de desalojo” hizo que la comunidad presentara la acción popular y el Consejo de Estado ordenó suspenderlos, ganándole a la alcaldía de Cartagena la reubicación.
Además repiten lo dicho en la sentencia del Tribunal ordenando la reubicación en 4 años y medio. Impresiona la ligereza en el trato de la noticia y más aún que no haya una sola expresión de las fuerzas vivas y gremios ante la posibilidad de una acción de esta dimensión.
Parece que no se valora recuperar la integridad del territorio ni el beneficio social de que la justicia ordene que 660 familias sean adaptadas en viviendas dignas y protegidas, máximo a 2 km de la orilla del mar.
¿Habrá voluntad política para que la autoridad asuma el control de esa zona costera?
Ojalá que esta lucha no conduzca a la decepción de la inutilidad del fallo al quedar en cabeza de la Alcaldía la ejecución y su financiación.
*Abogado ambientalista y comunicador.
rvergaran@yahoo.com
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