La pandemia del COVID-19 develó falencias en la gran mayoría de países para proteger la vida de sus nacionales, lo que amerita un análisis a la estructura y políticas socioeconómicas que tiene cada Estado, como es el caso de Colombia donde se evidenció que el sistema de seguridad social en salud no cumple con los objetivos de calidad y pertinencia con los que fueron creados, dejando a los usuarios en este tiempo a la suerte de automedicarse para poder sobrevivir, ya que no tienen capacidad organizacional, ni tecnológica para responder a masivos requerimientos de sus afiliados.
Los problemas suscitados por el aislamiento social demostraron que estábamos a años luz de pensar en la inclusión de métodos virtuales al sistema educativo, teniendo que acudir a la improvisación de acciones pedagógicas por parte de instituciones y docentes, ante un alumnado que en la mayoría de los casos no cuenta con un teléfono o computador para recibir la orientación educativa, y mucho menos los padres de familia estaban en condiciones de apoyar a sus hijos en este nuevo proceso.
En asistencia social a pesar de la buena voluntad de los gobernantes, se evidenció que no existe un sistema estructurado desde el estado central que brinde atención integral a las poblaciones desprotegidas, aportándoles desde un mercado hasta un albergue provisional o desde una consulta médica hasta las medicinas, lo que obliga a que cada entidad territorial implemente medidas de acuerdo a su creatividad y no al cumplimiento de procesos planificados con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, situación que deja una percepción de desamparo a pesar del anuncio de billonarias sumas gastadas por el gobierno central.
Según el Dane, en el trimestre junio – agosto de 2020, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados informales fue 46,0% y de mujeres fue de 46,8%, los cuales vieron disminuir sus ingresos ante las medidas sanitarias que controlaron la movilidad ciudadana, lo que reclama de acciones para que esos colombianos se vinculen al sector formal de la economía con las prestaciones sociales a que tengan derecho. Lo anterior nos sirve de fundamento para proponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no para eliminar las cortes, ni dar más privilegios a los poderosos, sino para brindar mayores garantías sociales al pueblo, que por ejemplo; elimine la intermediación en la salud, modernice el sistema educativo, propenda por la creación de empleos, entre tanta ideas que de seguro usted querido lector, también pueda aportar.
*P.U. Comunicación Social Periodismo. Especialista en Formación de Formadores.
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