Columna


Preocupaciones fundadas

EDUARDO DURÁN GÓMEZ

30 de enero de 2017 12:00 AM

El préstamo de $120.000 millones otorgado por el Banco Agrario a la firma Navelena que ejecuta el contrato de la recuperación del río Magdalena, genera muchos temores que en verdad preocupan sobre los criterios que deben tener los organismos del Estado, a la hora de asumir los compromisos de asistencia a los sectores desvalidos.

Pero además aterra, que precisamente esa firma pertenezca en un 87% de su capital a la empresa Odebrecht, seriamente cuestionada por escándalos de corrupción que llegan a comprometer sumas billonarias, en varios países de América Latina, entre ellos Colombia.

Desde que se comenzaron a aplicar medidas extremas en este país para ponerlo a tono con las políticas neoliberales, lo que significaba el objetivo de la reducción del tamaño del Estado, se llevó a excesos, abarcando entidades que prestaban un muy buen servicio a ciertas actividades productivas. Tal es el caso del Banco Central Hipotecario, que le dio vivienda a miles de familias en todo el país y que servía de regulador de muchos objetivos urbanos.

Pero también fue el Banco Popular, entregado a los particulares en una venta barata, suprimiendo una herramienta muy efectiva para apalancar el desarrollo de la pequeña y mediana industria del país.

Nos quedó el Banco Agrario, llamado a ser un músculo financiero para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de Colombia, y nos encontramos ahora con que sus posibilidades financieras se utilizan en objetivos muy distintos a los de la esencia de su creación, dejando de cumplir la función social para la cual fue establecido.

Ese escenario tiene muchas lecturas, la más elemental sería la de burlar una política pública fundamental, como es la asistencia a los más débiles de un sector prioritario de la economía como el que representa el sector agropecuario.

Ante los hechos, estamos esperando todavía un pronunciamiento de las instancias superiores para que nos digan qué fue lo que realmente pasó, y sí lo que se pretende es cambiar las políticas tradicionalmente definidas, pues que se diga también, para que de una vez por todas los agricultores del país no esperen nada de una entidad, que se cree la intérprete de sus preocupaciones, pero que la realidad demuestra de manera dramática, que no lo es.

edgo01@hotmail.com

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