“Primo, se cayó un edificio”

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Como estaban -y siguen- de moda las fake news, yo dudé de inmediato. Pensaba que él me mamaba gallo hasta que escuché por el celular, no tan a lo lejos, unos gritos desgarradores. La llamada de mi primo, quien vive en Blas de Lezo, fue el 27 de abril de 2017, segundos después que se viniera abajo un edificio de la Constructora Quiroz: “Primo, por acá se acaba de caer un edificio y hay muchos trabajadores atrapados bajo los escombros”. Era la primera vez, en los trece años que llevo trabajando en el periódico, que me daban una noticia de tal magnitud.

La tragedia: 21 obreros muertos y 22 más heridos en el edificio Portales de Blas de Lezo II, una estructura que se levantaba, pese a la queja de varios vecinos, portando en su fachada una valla con licencia de construcción falsa de una Curaduría. Inaudito.

Tuvo que pasar de esa manera para que por fin se empezara a investigar con fundamento la corrupción en el sector de la construcción en la ciudad.

Las autoridades encontraron que los hermanos Quiroz levantaron 36 construcciones ilegales en diferentes barrios, de las cuales 16 podrían tener problemas en su estructura. Entonces se contrató a la Universidad de Cartagena para que los analizara, y al identificar riesgo de desplome, la Fiscalía ordenó que se desalojaran a 108 familias que habitaban los inmuebles.

Después vinieron los ingenieros de la Universidad Nacional y aunque faltan edificios por evaluar, concluyeron en el informe que se deben demoler ocho, porque se comprobó un riesgo de colapso que puede desencadenar en una situación catastrófica. El que no exista la posibilidad si quiera de reforzamiento, es preocupante y una muestra más de que además del reprochable actuar de los constructores, la falta de vigilancia y control por parte de las autoridades resultó siendo una complicidad condenable, porque nunca les importó poner en juego la vida de tantas personas, no solo de los que habitan los edificios, sino también de los que se mueven alrededor de estos. También es extraño que algunos bancos prestaran plata a los compradores sin verificar la legalidad de la licencia de construcción.

Se vienen por lo tanto, más afectaciones sociales y económicas. Ahora toca a la Alcaldía correr a buscar plata para demoler unos edificios que nunca debieron construirse. Toca a las familias que invirtieron, ver derrumbarse un gran sueño. Obviamente sufriendo también el desgaste de todas las implicaciones legales que esto trae.

Dos años y cuatro meses después de la llamada de mi primo, todavía sigue siendo esa noticia el escándalo más grande en la historia reciente de Cartagena: en un solo día, la corrupción mató a varios obreros, y luego, fue acabando con las ilusiones de cientos de familias.

Muerte, estafa, corrupción, incertidumbre, muchas víctimas; y pocos culpables pagando por tan macabra actuación.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz

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