Es muy lamentable que en Cartagena y sus corregimientos sus autoridades históricamente, cuando llegan a los cargos, se les olvidan que con los votos de los más pobres paradójicamente llegan al poder y los abandonan a su suerte.
En educación los que no tienen como pagar un colegio privado tienen que estudiar en 104 colegios que parecen más unas caballerizas que instituciones dignas, como es el mandato de nuestra Constitución política de 1991. (Art- 27 - 67).
El transporte público para los estratos bajos son vehículos modelo siglo XX, sin tecnomecánica, seguro obligatorio y sus conductores mayoritariamente no tienen licencia de conducir.
En la salud pública, los que no tienen el privilegio de una salud prepagada, son víctimas del paseo de la muerte, de citas con especialistas para dos y tres meses, e ibuprofeno para todas las patologías, y tutelas para lograr las cirugías.
En vivienda digna, como dicta el Art- 51 de la CP de 1991, hasta los que han pagado con todo el ahorro de su vida para tener una solución de vivienda, son víctimas de las irresponsabilidades de las autoridades del Distrito.
En seguridad pública, no se salvan los policías, los de la Armada, cuando están de civil, de ser víctimas diarias de atracos, fleteos, y hay víctimas fatales de los delincuentes y victimarios por comunidades fuera de control por falta de autoridad.
En oportunidades de empleo digno, derecho fundamental, Art- 25 CP, pulula la economía informal, de humildes trabajadores súper explotados por el ‘pagadiario’, con el riesgo que si no pagan con dinero pagan con sus vidas.
Nuestros representantes de Cartagena y Bolívar en el Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara, se gastan más de mil millones de pesos en sus campañas, para mantener privilegios, poder y volverse millonarios.
De nuestros alcaldes, al que no está preso, lo andan buscando e investigando el resto de sus vidas, porque ninguno ha llegado a la Plaza de la Aduana sin ser cooptado por los clanes, mafias y temibles financistas de campañas.
Nuestro Concejo Distrital, que por mandato constitucional y legal, le corresponde el control político a la administración distrital, está más cuestionado que los mismos alcaldes por los mentados ‘libros’.
Los personeros, como ministerio público, y el contralor, son elegidos por los cuestionados concejales, lo que hace que sean reyes de burla al velar por el erario y los intereses de los pobres de Cartagena y sus corregimientos.
Llevamos más de cinco décadas eligiendo quien nos desgobierne, eligiendo a la misma clase política corrupta, mafiosa, cínica, qué vergüenza quienes representan al
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