El paro nacional que se inició el 28 de abril, moviliza una enorme cantidad de ciudadanos de origen heterogéneo, particularmente jóvenes, ninguna agrupación política u organización social o sindical puede adjudicarse la iniciativa de manera exclusiva.
Lo ocurrido el 21 de noviembre de 2019, con una movilización nacional sin precedente fue una alerta sobre los riesgos de la desigualdad, racismo, exclusión, la corrupción y el uso de la violencia, pero el Gobierno no le prestó atención.
Debido a esto la convocatoria del paro nacional conectó los motivos nacionales con los locales, con los micro locales, lo que deja claro que el paro nacional desnudó la falta de Estado en inversión social para combatir la desigualdad e inequidad social.
Exigirles a los manifestantes como lo hace el Gobierno que cesen sus actuaciones e irrupciones en el espacio público, sin negociar con ellos y sin tomar medidas de emergencia que mejoren así sea levemente su situación, es un acto de desprecio.
La pandemia y sus correlatos han intensificado la crisis económica, el aumento de la pobreza, la desaparición de oportunidades de empleo, de negocios y la persistencia de la corrupción han agravado el descontento.
Las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la Defensoría son cercanas al Gobierno, sus declaraciones y su actuar con respecto de los hechos ocurridos en el paro nacional ponen en duda su independencia, razón de ser.
Los órganos de control y sus mandatos constitucionales no pueden estar politizados, como Estado tiene que recuperar su legitimidad, defender los derechos fundamentales de los más vulnerables, no prestarse para legitimar la impunidad.
Las declaraciones del presidente y de miembros de su partido, sumadas a la anarquía interior del gabinete debido a la presidencia de facto de Álvaro Uribe, dificultan un avance en el diálogo social y la negociación del pliego de emergencia.
Mientras que las estrategias de movilización social han cambiado, las respuestas de los gobiernos han seguido siendo las mismas, deslegitimar a los manifestantes, sus demandas, uso desmedido de la fuerza pública para controlar las marchas.
El Estado y su Gobierno no pueden ni deben desconocer los pliegos nacionales y subregionales de emergencia, antes de un paro nacional, con diálogo social, mesas de trabajo con las fuerzas vivas para escuchar y negociar con las comunidades.
La reactivación económica nos exige que sus gobernantes, gremios económicos, órganos de control, organizaciones sociales, sin necesidad de paro con diálogos incluyentes y voluntad política solucionen concertadamente el descontento social.
*CUT BOLÍVAR.
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