Cada vez son más las imágenes de distintas personas luchando por derribar monumentos en honor a personajes históricos, que daban cuenta de sus triunfos militares, consolidación de procesos expansionistas o independentistas; y que el paso del tiempo llevó a la inevitable revisión de las conductas desplegadas por ellos en clave de derechos humanos, evaluación en la que no resultaron bien librados. Esclavistas, saqueadores, tiranos son algunos de los adjetivos que se les han atribuido una vez se avanza en la recopilación de diversas fuentes históricas sobre la personalidad de cada uno de ellos. Este que parece ser un nuevo movimiento de dimensiones globales ha causado, por ejemplo: que en Reino Unido manifestantes derribaran una estatua del esclavista Edward Colston, en Bélgica dañaran la imagen de Leopoldo II cuyo régimen contribuyó a la muerte de millones de africanos, y a su llegada a Colombia resultó incentivando la caída de Sebastián de Belalcázar en Cali, Antonio Nariño en Pasto y Cristóbal Colón en Barranquilla. Ahora surgen de modo inevitable preguntas sobre cuál es el límite entre lo aceptable e inaceptable como obras en memoria pública, o cuánto se puede lograr con este movimiento; así como cuál debería ser el proceder de un Estado Social y Constitucional de Derecho frente a la aparente tensión entre la protección del patrimonio público y sus compromisos frente a la protección de los DD. HH. y cómo armonizar estos elementos para la preservación o reconstrucción de una memoria histórica y cultural que se ajuste a nuestra verdadera identidad colectiva. En Cartagena en el marco de las protestas de este año, presenciamos la imagen de Pedro Heredia, en el Centro Histórico, con una escolta de activos de la policía que envidiaría cualquier líder social vivo de este país; y que reavivaba la discusión frente a lo que en términos de valores, prioridades y verdad histórica nos representa como pueblo. Recientemente el Gobierno colombiano emitió lineamientos para proteger estos bienes “culturales” y garantizar “una adecuada prevención y defensa de los intereses de la nación”; a través de afirmaciones del director de la Andje que textualmente planteaba la necesidad de garantizar la protección del “patrimonio cultural” sobre el derecho de protesta y otras libertades individuales. Así que me cuestioné: ¿Debemos judicializar a quien derriba la imagen de un individuo, que dicen daba órdenes como: cortar el cuello de un hombre por conducta homosexual, así como el homicidio de incuantificables nativos en nuestro territorio? ¿Qué se entiende como patrimonio cultural en nuestro país? ¿Preservar sus imágenes es proteger nuestra identidad cultural? ¿Es esa nuestra narrativa?
*Abogada especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.
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