Es un reto creer que es posible solucionar una crisis ambiental continuada con un alcalde elegido por 18 meses, dos vueltas presidenciales, ley de garantías y en 2019, cambio de líder.
La informalidad y el delito han permeado tanto la institucionalidad y gobernanza que existe un débil ejercicio de autoridad y mucha desconfianza. El gobierno es lento y está capturado por el centralismo y / o el clientelismo local.
El alcalde (e), que navegó la tormenta, diagnostica: hay desidia. El elegido encontrará buenos funcionarios y otros con mística menguada. Unos quedarán otros volarán. En el Estado eunuco los ejecutores tienen dueño, “dan manejo”, no se responsabilizan, algunos viven a la caza del negocio, son un cáncer prevaricador. A los de carrera les duele la ciudad, han sostenido el edificio.
Otros hacen que hierva la sangre. Recuperando en La Boquilla zonas de bajamar robadas vía sentencia de prescripción, se logró que la Corte Suprema la anulara con la sentencia SC1727-201 por tratarse “de un bien de la Nación de especial protección ecológica”. También que ordenara como “deber de las autoridades distritales tomar las determinaciones necesarias para la restitución material e inmediata del área afectada, e impedir que se siga la vulneración del frágil ecosistema de la ciénaga de La Virgen”.
Son 2 años de desacato o desidia. La estupidez interpretativa y la “reunionitis” bloqueó que se enviara el mensaje trascendente de viabilidad de recuperar lo prescrito, y esa infame conducta explica por qué la ineficiencia de algunos para frenar la depredación descarada de la margen derecha del anillo vial, en La Boquilla, Tierrabaja y por doquier.
Adaptarnos al cambio climático exige que el alcalde y su equipo promuevan una cultura ecocéntrica, donde lo ambiental sea un valor esencial del desarrollo. Hay una tragedia anunciada con 26 mil familias en riesgo y su control y resiliencia pasa por concertar soluciones con entes nacionales y locales. Es necesario que declare una emergencia que posibilite superar la probada ineficiencia aquí y en el país en la defensa de las zonas de bajamar, playas y cerros.
Al presentar con David Sandoval la acción popular que obliga por alto riesgo a la reubicación digna de Marlinda y Villagloria, pedimos a la Justicia -y no lo hizo- que ordenara a la Fiscalía y Fuerzas Armadas vencer los carteles del daño y robo de los bienes de uso público. También que el alcalde concentre en un Ecobloque la autoridad y el control férreo y permanente que derrote la continuidad de la depredación del territorio y la ley.
La eficiencia en defender los bienes de la Nación exige hoy un presidente ambientalista que lidere como comandante en jefe, con las cortes y organismos de control la definición de un nuevo procedimiento que proteja las riquezas naturales de la Nación con unas empoderadas Fuerzas Armadas, Dimar, Fiscalía, ministros, entes ambientales y autoridades distritales y municipales.
rvergaran@yahoo.com
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