La Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió este martes 22 septiembre 2020, un fallo histórico respecto al derecho a la protesta social en Colombia, ordenando al Gobierno Nacional garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y ofrecer disculpas por los abusos del Esmad.
La Sala de Casación Civil explicó que esta decisión se tomó tras evidenciar una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”.
En la providencia STC7641-2020 - Radicación N° 11001-22-03-000-2019-02527-02, se ordenó la suspensión de escopetas calibre 12 usadas por el Esmad y se pidió la neutralidad, incluida la no estigmatización de quienes protestan.
Lo que el alto tribunal reprocha, específicamente, son las violaciones del derecho a la protesta y la actitud de agentes que, en lugar de velar por garantizarles a los ciudadanos ese derecho, han resultado agrediéndolos, de allí la sistematicidad.
La Policía y en particular el Esmad incurren en cuatro prácticas que violan derechos ciudadanos a protestar, disolver protestas pacíficas, utilizar armas potencialmente letales, usar gases indiscriminadamente y las masivas detenciones administrativas.
De qué futuro, legalidad y paz nos habla el presidente Duque, cómo puede proclamarse democrático un Estado que es incapaz de garantizar la vida y los derechos humanos de sus gobernados y legítima los abusos a la población civil. No es con represión, golpeando a la población civil con el Esmad, Cascos Negros, caballería, enjambres de motocicletas, tanquetas de guerra, que intimidan y aporrean al pueblo que constitucionalmente deben defender, pagados con nuestros impuestos.
Mindefensa, además de abstenerse a ofrecer disculpas por los excesos y uso de la fuerza, reafirmó que el gobierno seguirá enfrentando los actos de vandalismo y todas las formas de violencia, y pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo de la CSJ. El acumulado de violencia policial y militar es tan grande, la impunidad tan obvia y la complacencia de instituciones tan vergonzosa, que Fiscalía, Procuraduría, las centrales obreras y sus dirigentes en su misión constitucional hacen esta denuncia pública.
Mientras se siga intentando negar por el alto gobierno la realidad con eufemismos, llamando “homicidios colectivos” a las masacres y “presunto abuso de autoridad a los homicidios”, esta crisis violenta se profundizará.
Este escalofriante proceder debe cambiar, es necesario una institución civilista, pedagógica, moderna y humanista, que no solo proteja a la sociedad, sino que ayude a resolver los grandes problemas sociales de las comunidades vulnerables.
*CUT BOLÍVAR.
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