Sí a la vida, sí a la paz

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Los que creemos que la vida es el máximo derecho de los seres humanos, jamás aceptaremos como lícita la acción homicida contra otros por ideología política, conflictos de tierras, económicos o por cualquier motivo. Rechazamos los asesinatos de los líderes comunales en Colombia, los cuales por su frecuencia, se han convertido en noticias normales que no asombran a la sociedad, sin embargo las víctimas son personas que dejan familias desamparadas, sumidas en el dolor y el abandono, siendo casi siempre las causas el haber asumido la defensa de derechos colectivos en territorios donde el Estado no está o ha dejado de cumplir la misión constitucional de proteger la vida, honra y bienes de la población.

La hipótesis al respecto es que mientras el sistema administrativo no dé prioridad a la solución de los problemas sociales y no ejerza su autoridad, evitando que los líderes comunitarios tengan que tomar el rol de funcionarios, estos seguirán exponiendo su seguridad reclamando sus derechos fundamentales como única alternativa de supervivencia, que paradójicamente los deja expuestos a la muerte.

Luego se requiere que los gobernantes cumplan con el deber de servir a las comunidades y dar garantías reales de protección a quienes ejercen el liderazgo cívico; evidencia de esto es la petición pública de los funcionarios a la población de denunciar el delito, pero ¿qué garantías de protección le brinda el Estado a quien lo hace?

Condenamos el horrendo asesinato de los cadetes de policía en Bogotá, que al igual del caso de los líderes comunales, son crímenes de lesa humanidad. Este sacrificio de jóvenes nunca se podrá justificar como estrategia de guerra para conseguir un fin político, existiendo otras formas de conquistar reivindicaciones sociales y políticas. Los diálogos para consolidar el proceso de paz en Colombia deben continuar con reglas claras que permitan judicializar a los autores intelectuales y materiales de los trágicos sucesos.

La historia de los conflictos armados en el país comprueba que a lo largo de los años, matándonos entre hermanos, no hay vencedores ni vencidos; solo tenemos odio, dolor y sangre en la familia colombiana.

El procurador de la Nación tiene el reto de hacer real la vigilancia disciplinaria que asegure cumplir los programas sociales en cada rincón del territorio colombiano, velando para que las autoridades protejan la vida de quienes ejercemos la participación ciudadana. De lo contrario la corrupción seguirá campante detrás de la cortina de los negocios de la guerra fratricida.

*P.U. Comunicación Social Periodismo

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