Columna


Si no repensamos regresamos a la era de los mamuts

JOSÉ ALEJANDRO MACHADO JÍMENEZ

JOSÉ ALEJANDRO MACHADO JÍMENEZ

08 de agosto de 2020 12:00 AM

Las obras de la protección costera de la ciudad amenazan el regreso a la era de los mamuts. Las perspectivas en la UNGRD necesitan abrirse más allá de lo ingenieril e incluir los intangibles ambientales como son los que permiten integrar los usos tradicionales del espacio público y privado con las dinámicas económicas, especialmente en lo que corresponde a la generación de empleo de una población local sin trabajo. Este sería un enfoque más adecuado a la nueva normalidad y desarrollo de la Cartagena pospandemia. La actual protección costera tiene solo 8 contratos, dentro de los cuales solo 1 se denomina gestión social, hay 5 técnicos (estudios) sobre las intervenciones físicas en el terreno, y los 2 restantes para la obra dura. Recientemente las propuestas de la obra dura fueron descalificadas, y quedan 5 contratos que significan más estudios sobre esta parte dura. Ya desde el año 2017 el estudio IDOM-ANTEA había focalizado el impacto que podría tener una obra dura, advirtiendo situaciones críticas con respecto al manejo de los drenajes pluviales, el componente verde natural, y las condiciones de vida que tiene la población vulnerable específicamente respecto al uso del espacio público y privado. Habrá transformaciones en el plan de manejo de las playas, las actividades hoteleras y de esparcimiento, lo cual deben integrarse con las posibilidades económicas del empleo local. Lo socioeconómico fue tenido en cuenta en el estudio de 2017 pero no aparecen en el diseño de con los 8 contratos de la UNGRD. Solo hay un contrato que se denomina “Plan de Gestión Social” y solo comprende estrategias de comunicación favorable, monitoreos ambientales para la misma obra dura, y promoción social del mismo plan de gestión social, o sea un contrato para “endogamizar” más la obra dura sobre el territorio y desde su visión ingenieril, sin integrarse socialmente a las dinámicas poblacionales de la ciudad. El PNUD por su “Gestión Social” coopera y recibe algo más de 4 mil millones de pesos, pero no define muy claramente cómo, y en derecho una contraprestación que solo dice “objetivos de desarrollo sostenible” no está clara ni determinada. Es necesario que la estructuración de las acciones de intervención sobre el espacio urbano en la hoy denominada “protección costera”, cambien de enfoque, y más bien le apueste a ser una oportunidad más para que la población local participe con sus capacidades profesionales, siendo fuente de empleo en oficios técnicos y menos técnicos, implementando procesos de concertación que incluyan la adaptación de usos comerciales de las áreas afectadas, especialmente si tienen un interés turístico. La descalificación de los proponentes es la oportunidad de cambiar de mentalidad y repensar Cartagena.

TEMAS