¿Somos los que somos?

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El resultado arrojado por el Censo de Población de 2018 causó bastante polémica en Cartagena. Se esperaba que la ciudad superara el millón de habitantes y generó mucha frustración que no fuera así. Surge entonces la inquietud de si somos los que somos o si faltaron algunos por contar.

La población cartagenera en el Censo de 2005 fue 895.400 y la proyección del DANE estimaba que en 2018 se tendrían 1’035.134. El revuelo comenzó cuando esta entidad presentó unos resultados iniciales en donde indicaba que Cartagena contaba con 887.946, por debajo del millón esperado. Luego del ajuste de la población omitida realizado, se llegó a los 973.045. Para alcanzar el esperado millón de habitantes, faltaron 26.955; es decir, el dato final fue un 2,7% menos de lo esperado.

Cuando se revisan los datos de todo el país, hay una tendencia consistente a nivel nacional: los grandes centros urbanos tienen un crecimiento inferior que sus municipios vecinos. Esto se observa en las municipalidades al norte de Bogotá, aquellas al oriente de Medellín, y las cercanas a Cali y Barranquilla.

Cartagena no es la excepción en esta tendencia. Mientras el Distrito tuvo un crecimiento promedio anual entre los dos últimos censos de 0,7%, en Arjona fue de 1,1%, Clemencia 1,7%, Santa Catalina 1,5%, Santa Rosa 1,1%, Turbaco 4,0%, Turbana 1,5% y Villanueva 2,4%.

Los resultados del Censo están revelando un fenómeno importante en el país: el crecimiento de las áreas metropolitanas. Esto le trae importantes retos de planificación a estos municipios, porque su área de influencia va más allá de las fronteras. Lo anterior se refleja en ciertos conflictos que se han presentado con la prestación de ciertos servicios públicos en barrios cercanos a Cartagena, pero que pertenecen a municipios vecinos. Aquí surge la pregunta: ¿deben, por ejemplo, Acuacar o Transcaribe atender esas poblaciones?

Superar el millón de habitantes tiene implicaciones en materia de los recursos propios y los transferidos por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, permitiría, de acuerdo con la legislación vigente, que el Distrito tuviera su propia corporación autónoma regional y evitaría transferir fondos a Cardique. Sin embargo, más que discutir si los resultados no son los esperados, el gran reto es incorporar la nueva realidad a la planificación urbana de la ciudad. En particular, trabajar con los municipios anexos en la definición de ordenamiento urbano metropolitano. Esto debe ser prioridad ahora que se inician nuevos gobiernos locales.

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