Columna


SOS por los derechos

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

27 de mayo de 2022 12:00 AM

El acuerdo laboral firmado el pasado 17 de diciembre de 2021, con las centrales obreras, viene siendo incumplido por el Gobierno nacional, de igual manera los acuerdos colectivos de los trabajadores del sector público suscritos desde el 2013.

A los pensionados no se le reduce del 12 al 4% los aportes en salud, se les ha negado el aumento anual al igual al del salario mínimo y no por el IPC, siendo reyes de burlas desde la CP de 1991, abandonados por el Estado y los gobiernos a su suerte.

Los delegados del gobierno en las juntas tarifarias y la Upme, autorizan alzas de los servicios públicos al doble de la inflación promedio, la empresa Afinia ha subido el servicio de energía y la Superservicios la apoya para que atropellen a los usuarios.

Existen denuncias de las asociaciones de pensionados de Electricaribe, de la posición negativa de la mayoría de los jueces laborales con la autorización de los pagos de los depósitos por fallos judiciales, que se encuentran en el banco agrario.

A los trabajadores del HUC les cambian la empresa de tercerización laboral Konecta por Su Personal E.S.T. Ltda, de Montería, la cual incumple los pagos de salarios, liquidación horas extras, prestaciones sociales, suministros de uniformes.

Las convocatorias organizadas por la CNSC, en el distrito y los municipios de Bolívar, que tienen la meritocracia como bandera, son sinónimos de masacre laboral, ocurren situaciones de supuestos hechos de corrupción y politiquería.

Con un crecimiento anual de 9.2%, Colombia enfrenta la peor inflación de las últimas dos décadas, sumado a la crisis de la guerra Ucrania y Rusia, estos fenómenos golpean con mayor fuerza a los ingresos de los trabajadores y pensionados.

En los primeros cuatro meses del año la inflación, certificada por el Dane, es del 5.66%; los alimentos han subido el 30% aproximadamente, se destacan la papa y el plátano cuyo precio subió el 80%; huevos 35%, leche y carnes 32%.

Los colombianos dedicamos el 30% de los ingresos a los alimentos, el incremento del 2022 del Smlv de 10,07%, el del magisterio del 9,26% y el sector estatal del 7,26% han sido devorados por la inflación y los aumentos sin control, sin Dios ni ley.

Con estos argumentos juiciosos exhortamos al alcalde de Cartagena, al gobernador de Bolívar, que sean conscientes de la necesidad de incrementarles un 9.5% a sus servidores acorde con el índice de inflación, como un acto de justicia y equidad.

Con este concierto de violaciones a las poblaciones vulnerables, pensionados, sindicatos, servidores públicos, trabajadores, etc., la única solución real es un SOS por los derechos, votando el 29 de mayo del 2022, por el cambio en primera por Petro.

*CUT Bolívar.

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