Sumas y restas

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Los políticos se organizan y proyectan sus posibilidades de triunfo para las elecciones regionales de octubre. Hacen pronósticos, alianzas y malabares financieros, con la mira puesta en gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas. ¿Cuántos ganarán limpiamente? ¿Cuántos lo harán encaramados en la corrupción?

La política es, por definición, actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones para lograr determinados objetivos. En una concepción más noble, es el arte de servir a los demás utilizando las posibilidades que brinda el poder. Política y poder, sin embargo, han sufrido mutaciones que desnaturalizan su esencia altruista, con graves consecuencias para la sociedad. Se utilizan para buscar beneficios individuales y de grupos, en lugar de favorecer a las comunidades en sus necesidades. Los ejemplos sobran y dan grima. El voto se ha degradado tanto que permite a los políticos corruptos comprarlo sin cargos de conciencia y sin tener que responder ante sus electores. Los que lo venden reciben entre $50.000 y $100.000. ¿Quién es peor, el que peca por la paga o el que paga por pecar?

La política electoral se volvió empresa que utiliza grandes cantidades de dinero para hacer más dinero y garantizar poder. Una campaña a la alcaldía de un pueblo de 50 mil habitantes de la costa Caribe puede costar $2.000 millones. En Cartagena podría llegar a $10.000 millones. El alcalde del pueblo gana $5 millones de sueldo al mes, el de la ciudad $15 millones. Saquen cuentas. El primero obtiene $60 millones al año y $240 millones en los cuatro años de gobierno. El alcalde citadino gana $180 millones al año y $720 millones al finalizar el mandato. ¿Cómo hacen para reponer lo invertido? Ni siquiera la reposición por voto alcanzaría para cubrir la diferencia. Se piensa entonces en financistas, contratistas, acuerdos por debajo de la mesa, nombramientos amarrados, porcentajes que superaron hace rato el "dulce 10" porque la política devino en uno de los más jugosos negocios en Colombia, degradando sus postulados misionales. Esa práctica indebida, metida hasta el tuétano en nuestro universo político, genera corrupción y mayor desigualdad social.

¿Todos los políticos toman de esas aguas contaminadas? Seguramente, no. Y quiénes no lo hacen, en sintonía con las autoridades comprometidas en las buenas prácticas y aquellos que desde la sociedad civil creen que ese flagelo pernicioso debe y puede ser cambiado, tienen la obligación de actuar en consecuencia. Transitar los caminos torcidos de los políticos tramposos perpetúa en los centros de poder a quienes tanto daño causan a la vida institucional y social del país. Como viene sucediendo hace largo tiempo.

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