El alcalde William Dau sancionó, la semana pasada, el Acuerdo mediante el cual el Concejo de Cartagena aprobó, en sesiones extraordinarias, la incorporación de casi medio billón de pesos ( $407.448 millones) al presupuesto de 2023.
La mayor parte de esos recursos ($338.960 millones) será para inversión, es decir, para gastos proyectados a mejorar la calidad de vida de los cartageneros. Los rubros más millonarios deben ejecutarse desde el Despacho del Alcalde y la Secretaría de Infraestructura, a través de 45 proyectos, para fortalecer Transcaribe, los programas de lucha contra la pobreza y la desnutrición, mejorar la movilidad, recuperar espacio público y continuar con la recuperación de vías.
La incorporación, una de las más millonarias al presupuesto anual de Cartagena en la última década, refleja una sólida gestión fiscal en cabeza de la secretaria de Hacienda, Diana Villalba, porque la mayor parte de estos recursos son fruto de un superávit fiscal.
Superávit que, en gran medida, se debe al aumento del recaudo tributario y de un 2022 con “buen desempeño económico”, que impactó positivamente el comportamiento de impuestos como el ICA, el de Delineación Urbana y el Predial urbano, explicó el economista Jaime Bonnet en su columna del pasado 12 de marzo, aquí en El Universal.
Por esos “buenos resultados”, dijo la evaluadora financiera Fitch Ratings, en un reporte del pasado 10 de mayo, Cartagena mejoró en la perspectiva de la calificación de sus finanzas.
La filial en Colombia de la firma estadounidense encontró un desempeño favorable, no sólo por el recaudo tributario, también por el saneamiento y la disminución de pasivos, un endeudamiento decreciente, el fortalecimiento en la calidad de los reportes financieros y mayor estabilidad en la administración distrital.
“Si el desempeño fiscal de Cartagena continúa reflejando los buenos resultados observados al cierre del 2022, las métricas podrían estar aún mejor posicionadas”, informó Fitch Ratings.
La agencia, sin embargo, guarda cautela “antes de considerar una mejora en la calificación” por el comportamiento financiero de la ciudad, debido al cambio de administración en enero próximo.
Más allá de esa sólida gestión, reconocida por Fitch Ratings, la incorporación le supone un reto mayúsculo a la administración de Dau, porque en sus tres años y medio ha tenido problemas de ejecución; en parte, por la falta de experiencia del alcalde en lo público y por la alta rotación de funcionarios distritales. Por esas características de gobierno, la contratación reciente ha sido más de rutina que de megaobras.
El reto de ejecución aumentará por la Ley de Garantías, en vigencia desde el 29 de junio, que restringe los procesos de contratación pública en Colombia, de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.
La Contratopedia Caribe revisó el Acuerdo de incorporación de casi medio billón de pesos aprobado por el Concejo, el pasado 20 de mayo, y realizó una historia gráfica sobre la distribución de esos recursos. Navéguela aquí
*Cofundadora de la Contratopedia Caribe.
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