Muchos de los ubicados en zonas vulnerables son desplazados, víctimas del hambre o del conflicto armado que por el riesgo y la búsqueda de seguridad terminaron malviviendo en los centros poblados. Al asentarse junto con nativos, con la deforestación e invasión de laderas u orillas de ríos, arroyos o cuerpos de agua, activaron el alto riesgo, sin reparar en el peligro que se suma al de sus carencias y a la responsabilidad por violar normas que desconocen y trasgreden porque hasta ahora nada les pasa.
Los ecosistemas degradados, casi siempre, son zonas de protección ambiental. Los carteles de la invasión lo han aprovechado encubriéndose entre la comunidad para extender en la zona costera el “loteo” y la venta en grande de lo público a ojos vista. Lo que no puede continuar.
La falta de empleo y la sobrevivencia en la informalidad creciente impone a la sociedad y al Estado la continuidad de esa vivencia, que es otra cadena a romper: comunidades o asentamientos que ocupan el más bajo de los estratos, en alto riesgo, entre aguas residuales, basuras, con un futuro limitado y sueños rotos que tienen. Y gobiernos que no pueden legalizar lo ilegal ni garantizar los servicios públicos por el alto riesgo y sin recursos para reubicarlos. Un círculo vicioso a superar
Ante las débiles respuestas la necesidad o la ambición atropellan el estado de Derecho, al POT y normas que penalizan a todos los estratos por el daño y las usurpaciones de bienes de la Nación o el Patrimonio Natural protegido. La informalidad y el delito degradan la autoridad que no se ejerce.
La impunidad que necesitamos derrotar es el caldo en que cocinan los cambios del uso del suelo los urbanizadores piratas y sus “abogangters”, asociados para delinquir y torpedear la acción del Estado estimulando el concierto de delitos tolerados o cohonestados, la condena que no admitimos más.
Por esto es esencial que en los planes de Desarrollo y de vivienda popular se priorice la reubicación productiva del amenazado-amenazante, rescatándolo de la informalidad y la miseria, vinculándolo laboralmente a la construcción de las viviendas dignas, en las que vivirán, edificadas en zonas adecuadas y reconstruyendo las zonas afectadas.
Requerimos una política de vivienda solidaria que prevenga las tragedias anunciadas, en nuestro caso, diagnosticadas en el Plan 4C, fallos judiciales y múltiples estudios.
Urge recuperar, reconstruir o permitir la resiliencia natural del terruño agredido para rescatar la legalidad y poder adaptarnos a la naturaleza, entregando la vigilancia de lo protegido a la Fuerza Pública, obligación consagrada en el artículo 103 de la Ley 99 del 93.
Distrito, instituciones, consejos comunitarios, JAC, ciudadanía y fuerzas vivas, podemos recuperar ambientalmente el territorio, resembrar lo deforestado, construir sobre lo construido y reordenarnos de la ocupación caótica que hemos padecido. Llegó el tiempo de la vendimia, unámonos y Salvemos a Cartagena.
*Abogado ambientalista y comunicador.
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