Columna


Tiempos de sensatez

RAFAEL VERGARA NAVARRO

25 de marzo de 2017 12:00 AM

No aceptar que hemos vivido en guerra es ceguera politizada. Nuestra sociedad e institucionalidad resultan de una dura confrontación expresada en sus dos caras: opulencia y pobreza, privilegios e inequidad, depredación y conservación.

La deuda en justicia social impide vencer la formalidad-informalidad que desfigura el Estado Social de Derecho, la democracia que ordena la Constitución.
La abstención y fusión de clientelismo y voto de opinión eligen el poder público que legitima comprar votos, violar topes y comprometer puestos y contratos. En las ramas del poder la pureza es la excepción. Lo público como botín de financistas causa ineficiencia e ilegitimidad, desesperanza, inconformidad, protesta social, insurgencia.

Para bien de la democracia avanzamos, la legalidad es cada vez más respetada por la sociedad y gremios que inculcan ética a sus asociados. Por fin invertimos en educación (31 billones) más que en defensa (30 billones). Pero las coartadas de legalidad y compra de impunidades persisten

La corrupción enquistada y el conflicto estimuló una (in)cultura delictiva y cínica. La enfermedad es crónica, pese a los cientos de miles de presos. Según el índice global de impunidad, Colombia ocupa el tercer puesto con un 75,6%.

El caos con la propiedad en el campo es terrible, fracasada la reforma agraria y el pacto de Chicoral se agudizó el conflicto, la represión campesina e indígena, las desigualdades reconocidas en la ley de Tierras y la lucha armada afectó cientos de municipios.

Contrainsurgencia, insurgencia y paramilitarismo hicieron de las armas la expresión de los poderes. La coca financió, corrompió y disparó el intervencionismo y la violencia mató a más de 200 mil colombianos, desapareció y desplazó a 8 millones que densificaron la miseria en las ciudades. La guerra impuso la pena de muerte. En 2017 han asesinado 27 líderes populares.

Con la modernidad y el desarrollo creció la necesidad de desactivar el conflicto con verdad reparación y paz negociada. Pero la reacción alimentó la cultura individualista y guerrerista que con odio y epítetos simplifica, polariza y subvierte la unidad requerida. En nombre del centro la oposición se autoexcluye de la construcción colectiva de país.

Las garantías, desarme y reformas pactadas las reducen a la “traición” de Santos y a entregar Colombia a las Farc. En su soberbia las cortes, congreso, ONU, el papa, comunidad Internacional, partidos, fuerzas militares, los medios y el otro 50% no existimos, estamos “enmermelados” y somos sus enemigos.

Solidificar el estado social de derecho requiere reformas y una justicia especial para la paz, para las Farc, los militares y quienes temen a la verdad. Los conflictos se desactivan con cambios, sensatez y grandeza. Desarmar más de 14.000 fusiles y reinsertar miles de guerrilleros justifican las excepciones que con justicia social ensanchen la democracia.

*Abogado ambientalista y comunicador.

rvergaran@yahoo.com

 

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