La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el meollo de la discusión que se viene presentando por los peajes en Cartagena. Por un lado dicen que se alcanzó, y por el otro que no, lo que ha llevado a un verdadero tira y jala en la ciudad, más con tinte político-populista, que jurídico y social.
Recordemos que fue en diciembre de 1998 cuando se firmó el contrato entre la Alcaldía y la Concesión Vial. Primero en la cláusula 36, y luego en el otrosí 8 (en el 2004) y el 9 (en 2006) se determinó que todo acabaría cuando se alcanzara la TIR, pactada en 17,22%.
El primer rifirrafe se dio en 2017, cuando la Contraloría Distrital publicó un informe que indicaba que el contrato había culminado el 20 de enero de 2015 (Lea aquí: Polémica por Tasa Interna de Retorno de peajes en Cartagena, de vieja data). Sin embargo, una denuncia del presidente de la Concesión Vial le bajó el volumen al posible hallazgo, al decir que los auditores de la Contraloría exigieron 250 millones de pesos para trasladar la TIR al segundo año y favorecer a los dueños de los peajes (Lea aquí: “Me pidieron 250 millones para cambiar el informe”: Concesión Vial de Cartagena). Los tres auditores acusados negaron todo, pero al parecer hasta allí llegó la investigación que indicaba que la TIR tuvo un excedente de 7.535 millones de pesos, porque la Contraloría General de la República (CGR) consideró que aún faltaba un porcentaje por ejecutar. Las talanqueras de los cuatro peajes (Bazurto, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra) siguieron su ritmo normal, pues además Edurbe, supervisor del contrato, dijo que este se terminaría a finales de 2020, entre octubre y noviembre.
En 2018, la Fiscalía General de la Nación reveló que la Concesión Vial alcanzó la TIR en abril de 2016; es más, defendió a los auditores locales y consideró investigar si Jairo Cabrales, funcionario de la CGR, alteró los conceptos de la TIR para favorecer a la Concesión Vial (Lea aquí: Concesión Vial terminó de recuperar su inversión y ganancia en 2016: Fiscalía). De eso no se ha sabido nada más.
El tiempo avanzaba y el Comité Antipeajes continuaba pidiendo, sin fruto, que se investigara a fondo lo que consideran un leonino contrato.
Fue hasta el 21 de enero de 2021 que sorpresivamente la CGR publicó un informe en el que indicaba que la TIR se habría alcanzado en 2015. El ente de control nacional, que con un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción visitó en febrero de 2020 las oficinas de Edurbe y de la Concesión Vial, calculó en más de $300 mil millones el presunto daño patrimonial generado por supuestas irregularidades en la ejecución del contrato (Lea aquí: Peajes habrían causado detrimento de $300 mil millones: Contraloría). Una vez conocido ese auto, empezaron las protestas de la ciudadanía y del alcalde, que se volvieron incontrolables cuando se sumaron los camioneros (Lea aquí mi columna del pasado domingo); esto llevó a que se acordara con la Concesión que por dos meses no cobre en los peajes de Manga y Ceballos (Lea aquí: Concesión Vial acepta levantar talanqueras de peajes para camioneros).
Pero no ha pasado ni una semana y ya se conoció un informe de Edurbe que dice que la TIR, a corte del 20 de octubre de 2020, era de 16,86%. Al alcalde al parecer esto no le gustó y empieza otro tira que jale con el director de esa entidad (Lea aquí: Revisarán informe de Edurbe que indica que aún no se alcanzó la TIR).
Por lo pronto y mientras pasan los dos meses, cabe preguntar: ¿Qué pasó con la investigación de la Fiscalía? ¿En qué ha avanzado la CGR?, que solo salió a los medios luego de ver la explosión ciudadana, para decir que es un juez quien debe decidir. ¿Seguirán las talanqueras arriba después del 25 de abril? Amanecerá y veremos, pero lo cierto es que algo huele mal al ver lo complicado que ha sido sacar esas cuentas.
*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.
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